Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes

21.06.2018

El Parlamento húngaro da luz verde a la llamada 'Ley Stop Soros' y aprueba una reforma de la Constitución contra la reubicación de refugiados

Viktor Orban este miércoles en el Parlamento húngaro, en Budapest. REUTERS

Viktor Orbán y su partido, el nacionalista y eurófobo Fidesz, han lanzado un nuevo desafío a la Unión Europea. El Parlamento húngaro, donde la formación ultraconservadora tiene supermayoría, ha aprobado este miércoles un paquete de medidas que criminalizan y castigan con penas de hasta un año de cárcel a los individuos o grupos que ayuden a los inmigrantes irregulares, incluso si esa ayuda es para asesorarles e informarles sobre cómo solicitar asilo.

Es la conocida como Ley Stop Soros -por el filántropo y magnate George Soros, cuyas ideas de una sociedad abierta y liberal le han convertido en el enemigo número uno de Orbán-, que el primer ministro húngaro ha decidido sacar adelante como parte de su cruzada contra la inmigración pese a las voces de alerta de Bruselas, de las organizaciones de derechos humanos e incluso de sus aliados del Partido Popular Europeo (PPE).

Las organizaciones de derechos civiles y entidades internacionales como Unicef rápidamente han criticado la nueva ley; la primera de la nueva etapa Orbán tras las elecciones y aprobada además el día mundial del refugiado. Alertan de que supone una grave amenaza a los derechos humanos y a quienes los defienden. "Publicar un folleto de información que resume las reglas húngaras en materia de asilo será considerado delitos, sancionable con encarcelamiento", ejemplifica Gábor Gyulai, del Comité Helsinki, una ONG especializada en asistencia jurídica a refugiados y migrantes. "La medida se añade, además, al desmantelamiento del sistema de asilo húngaro", critica.

La enorme victoria en los comicios del pasado abril, en los que Orbán revalidó un tercer mandato consecutivo con un discurso centrado en el odio y el miedo a las personas refugiadas, ha permitido a los legisladores de Fidesz aprobar también una reforma de la Constitución para incluir un artículo que explicite la prohibición de reasentar "población extranjera" en Hungría (a excepción de europeos) y declare que la composición de la población del país no puede ser modificada "mediante una voluntad externa".

Ambos puntos son una alusión directa a la política migratoria comunitaria, que dispone el reparto de una cuota solicitantes de asilo entre los Estados miembros y que Hungría siempre se ha negado a cumplir. El país centroeuropeo, que se encontró en el verano de 2015 en sus fronteras a miles de personas que huían de la guerra y de la pobreza y que pretendían cruzar el país para seguir su camino hacia Alemania o los Nórdicos, no ha acogido a uno solo de los 1.200 refugiados procedentes de Italia o Grecia que le toca por el reparto comunitario.