Angustia es el sentimiento que recorre por estas horas a un engranaje clave de la economía, que motoriza el combustible para la subsistencia, crecimiento o consolidación de miles de pymes. Desde hace exactamente 30 años, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se convirtieron en una herramienta estratégica para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento en mejores condiciones. Creado por la Ley 24.467, este mecanismo otorga avales que abren la puerta tanto al crédito bancario como al mercado de capitales. Actualmente, nada menos que el 35% del stock de préstamos al segmento pyme está respaldado por SGR.
Pero hoy, como nunca antes, esta herramienta clave corre riesgo de desaparecer, con un impacto directo sobre unas 43.000 pymes que cuentan con avales vigentes. Se trata de empresas que representan cerca del 8% del total del tejido empresarial de la Argentina –el 40% dentro del universo pyme– y que sostienen alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Además, está en juego un volumen de créditos por más de $3 billones, que podría evaporarse si se elimina el beneficio que da sustento al sistema.
Ese desenlace podría empezar a definirse este miércoles, cuando la Cámara de Diputados decida si mantiene o rechaza los vetos del presidente Javier Milei a varias leyes sancionadas el pasado 10 de julio. Entre ellas se encuentra la del Incremento Excepcional para Jubilaciones y Pensiones (27.791), que para financiar la suba del 7,2% en los haberes incluye en su artículo 10 la eliminación de la exención impositiva a los aportes de las SGR, el incentivo que las sostiene desde hace tres décadas.
El beneficio fiscal en cuestión representa apenas u$s136 millones anuales, el 0,027% del PBI, según un informe de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) elaborado en base a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Un costo mínimo frente al derrame positivo que generan las SGR: las empresas avaladas acceden a financiamiento hasta 25% más barato y exhiben un mayor nivel de creación de empleo que aquellas que no participan del esquema.
Actualmente funcionan 46 SGR en todo el país, que captan fondos de inversores "protectores" y los canalizan hacia avales que permiten a las pymes acceder a crédito bancario o de mercado de capitales en mejores condiciones de tasa y plazo.
Respaldo transversal a las SGR
El respaldo al sistema es masivo y transversal. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encabezan el apoyo junto a 24 organizaciones que agrupan a más de 3.700 cámaras y 650.000 pymes en todo el país. Se suman la FECOBA, PAETAC, ADIMRA, cámaras empresarias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe, la Federación de Acopiadores, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, CONINAGRO y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También expresaron su rechazo a la eliminación de la exención las seis Bolsas de Comercio, los mercados MAV, BYMA y A3, la Caja de Valores, más de 30 bancos nucleados en ADEBA, ABA y ABE, el Banco Nación, y unas 300 fintech representadas por la Cámara Argentina Fintech.
Los números son contundentes y vitales para las pymes: en mayo pasado, por caso, el sistema otorgó avales por el equivalente a u$s2.500 millones, con un fuerte sesgo hacia las firmas más chicas, según datos de la SEPyME. De hecho, 9 de cada 10 avales se destinan a micro y pequeñas empresas, y se estima que 1 de cada 3 préstamos pyme en la Argentina cuenta hoy con la cobertura de una SGR, de acuerdo con un relevamiento de Fundación Mediterránea. El reparto sectorial es diverso: en junio de 2025, el 31% de los avales fue al comercio, 25% a servicios, 21% a la industria, 18% al agro y 4% a la construcción, de acuerdo con SEPyME.
"Si eliminan la exención, el sistema desaparece", advirtió Rafael Galante, de CRECER SGR
"Este sistema no solo da financiamiento: transforma a un no sujeto de crédito en sujeto de crédito. Lo probamos con 100.000 pymes a lo largo de 30 años. El costo es mínimo frente al derrame que genera en empleo, inversión e impuestos", afirmó Rafael Galante, presidente de CRECER SGR, en la que profundizó por qué eliminar la exención significa, en los hechos, el fin de un sistema que lleva tres décadas promoviendo la inclusión financiera de las pymes argentinas.
Info: Juan Pablo Marino
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
