El pleno de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó, recientemente un informe de 38 páginas, sobre el proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible de una parte de la población en Argentina. En ese documento, dejó plasmada una dura crítica al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a raíz de varias "deficiencias relacionadas con: ejecución financiera del préstamo y control interno administrativo contable".
En realidad, la pregunta del informe giró en torno a la falta de documentación que acredite tanto el uso correcto como la correspondiente auditoría en la utilización de 200 millones de dólares, que forman parte del crédito de 500 millones de dólares acordado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que integra el Banco Mundial. La ejecución del mencionado programa es llevada a cabo por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.
Uno de los aspectos más importantes del Programa analizado es el de apoyar el otorgamiento de subsidios a la energía eléctrica para mejorar los mecanismos de selección e implementar esquemas de subsidios mejor focalizados. Este apartado, justamente, subrayó la necesidad de mejorar los registros existentes a nivel nacional y subnacional; incluir hogares vulnerables en las bases de datos, con corrección de errores de inclusión o exclusión en dichos registros; registrar y procesar fuentes de información y datos optimizados sobre el consumo de energía eléctrica a nivel residencial; y, finalmente, brindar subsidios a la Energía Eléctrica relacionados con Shocks Externos.
En lo formal, las firmas elegidas por el Estado fueron EDENOR y EDESUR. Según el convenio con el BIRF, el programa concluirá el 31 de diciembre de 2028. El período auditado fue del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2024. La documentación fue analizada por la AGN entre abril y julio de 2025, a partir de esa labor se emitió una opinión al respecto que fue presentada y aprobada recientemente. Todo esto teniendo en cuenta que solo se ejecutó el 41% del préstamo acordado.
Lo que encontró la auditoría
En ese sentido, uno de los aspectos sobre los que hizo hincapié la AGN es que "al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo".
La AGN subrayó la desprolijidad y la falta de control en el manejo de la suma mencionada, a partir de que, por medio de una nota emitida el 2 de diciembre de 2024, el BIRF dio por cumplidas las condiciones de entrada en vigencia del contrato de préstamo y el pago directo realizado el 11 de diciembre de 2024. Los 200 millones de dólares ingresaron en la Tesorería General de la Nación. Acá aparecen los interrogantes, ya que, según la AGN, "se señala que al cierre del ejercicio auditado aún no se contaba con la siguiente documentación relativa a la operación del Programa:Manual Operativo (MOP con no objeción del BIRF); POA y Plan de Adquisiciones con no Objeción del BIRF y cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados para su manejo".
La Auditoría fue, incluso, más allá: "Falta de documentación donde consten los criterios usados en el proceso realizado para justificar el desembolso de USD 200 millones, y se tomara una extracción del sistema SGUER, por el periodo diciembre 2023 a julio 2024 (según fecha de emisión de factura) por Distribuidora EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para los usuarios identificados como N2, y si cuenta con no objeción del BIRF".
El Ministerio de Economía intentó responder deslindando responsabilidad en los privados, y señalando que "las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas, contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación". Como la explicación no satisfizo a la AGN, dejaron fija la recomendación: "Incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental de la justificación del mismo".
En otro de los cuestionamientos a la hora de implementar el proyecto, la AGN indicó que falta "una efectiva interacción entre la Secretaría de Energía (representada por la Dirección de Información Energética -DIE-) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC), en relación a la administración del sistema RASE". El RASE no es ni más ni menos que el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. A lo que añaden la "inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento de las tareas informáticas que realiza la Dirección de Información Energética, vinculadas con el sistema RASE".
Ausencia de mecanismos de control
No menos relevante es otro de los aspectos críticos, ya que la AGN enfatizó la ausencia de un mecanismo de control en el ámbito de la Secretaría de Energía que permita verificar si el subsidio otorgado está siendo aplicado efectivamente en las facturas de los clientes.
A esto la Auditoría añadió que "no se pudo verificar la existencia de normas o procedimientos y/o cursogramas donde se detallen los circuitos de adquisiciones, contrataciones, pagos, registro contable". La respuesta de Economía fue que estaba "en proceso de ajuste".
De todas maneras, la AGN se encargó de dejar en claro que "el requerimiento de auditoría efectuado por el prestatario no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan". Más allá de esta aclaración, remarcaron que el contenido del informe debería ser tenido en cuenta para perfeccionar el control.
Info: ámbito
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
