El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná,
Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti y
le ministro Néstor Roncaglia.
Tras lo sucedido, el gobernador Rogelio Frigerio expresó a
través de sus redes sociales su repudio y destacó que la maniobra "fue neutralizada gracias al
profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la
Justicia Federal".
En ese sentido, el mandatario calificó el hecho como "un ataque directo a la Justicia y al
Estado de Derecho", y remarcó la gravedad institucional del intento de
atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos.
"Mi respaldo
absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En
Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito", concluyó el
gobernador.
La investigación, que se manejó con estricto hermetismo,
señala como principal implicado al narco diamantino Leonardo Airaldi, quien se
encuentra alojado en el Pabellón E de dicha unidad. Según los datos
recolectados, Airaldi habría pagado la suma de 40.000 dólares a un sicario de
nacionalidad uruguaya para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.
El procedimiento, ordenado por el juez federal de
Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Durante el allanamiento
en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos secuestraron teléfonos
celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de
cocaína.
El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio
oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para este
próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del
penal, el jefe narco pretendía "vengarse"
de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena
de 15 años que solicita la fiscalía.