Israel ha reconvertido sus políticas económicas coloniales en Gaza y Cisjordania en una "economía del genocidio" en la que colaboran diversas multinacionales de sectores como el tecnológico, el bancario o el armamentístico, señala un informe de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.
Una versión adelantada del informe de 39 páginas, que será presentado esta semana por la relatora ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el genocidio israelí "es lucrativo para muchos" y se benefician de él "numerosas corporaciones con gran influencia", caso de las firmas de inversión Blackrock o Vanguard, que se cuentan entre las principales inversoras en armamento para el ejército israelí.
Tecnológicas
En el sector tecnológico, el informe apunta a multinacionales como IBM, que ha permitido a Israel la recolección y almacenamiento de datos biométricos de los palestinos para sostener su régimen discriminatorio, o Microsoft, con tecnologías que son utilizadas en prisiones y operaciones de los cuerpos de seguridad.
Amazon y Google han participado en programas de gestión de grandes bases de datos para el "control de la población", mientras Palantir ha facilitado inteligencia artificial utilizada con fines militares por parte de las fuerzas israelíes, asegura el informe.
Constructoras
Albanese menciona también grandes compañías del sector de la construcción y la maquinaria pesada, como Caterpillar, Hyundai o Volvo, por su participación en la destrucción de infraestructuras y tierras de cultivo en Gaza, y al mismo tiempo en la construcción de colonias ilegales en territorios palestinos.
Energéticas
En el sector energético el informe menciona multinacionales como la suiza Glencore o la estadounidense Drummond, principales suministradoras de carbón para Israel, o las petroleras BP y Chevron.
"A través del suministro de carbón, gas, petróleo y combustible, las compañías contribuyen a infraestructuras civiles utilizadas por Israel para consolidar la anexión, que ahora son usadas como 'armas' para la destrucción de la vida palestina en Gaza", defiende el informe de la relatora.
Otras
El documento también cita firmas israelíes como las productoras de alimentos Tnuva y Netafim (propiedad de multinacionales de China y México), a las que acusa de sacar provecho de la expansión israelí en tierras de cultivo palestinas, o a la compañía nacional de agua Mekorot, que llegó a reducir en un 22 % el suministro a Gaza.
El informe cita firmas como la naviera Maersk, o servicios de reservas hoteleras como Booking o Airbnb, estas últimas criticadas por haber ampliado su oferta en Cisjordania y Jerusalén desde el inicio del conflicto, lo que fomenta, siempre según Albanese, un "turismo de ocupación".
En el sector financiero, entidades como BNP Paribas, Barclays, Allianz o las ya mencionadas Blackrock y Vanguard "han canalizado miles de millones de dólares en bonos del tesoro y hacia compañías directamente involucradas en la ocupación y el genocidio israelí".
El documento también apunta a instituciones de investigación como el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) por colaborar en el estudio de armamento y tecnología para la vigilancia financiados por el Ministerio de Defensa Israelí.
De la misma manera, el programa Horizon Europe de la Comisión Europea "ha facilitado la colaboración con instituciones israelíes implicadas en el apartheid y el genocidio", asegura la relatora.
"Las entidades mencionadas en el informe son sólo una fracción de una estructura mucho más profunda de participación empresarial, búsqueda de beneficios y facilitación de las violaciones y crímenes en el territorio palestino ocupado", asegura el documento de Albanese.
Investigar, sancionar e indemnizar
Por todo ello, Albanese reclama a los estados que suspendan todos los acuerdos y relaciones de inversión con estas empresas, y que se les impongan sanciones, mientras que a las propias firmas se les exige que indemnicen al pueblo palestino, siguiendo como modelo medidas fiscales que Sudáfrica aplicó a firmas que habían colaborado con el apartheid.
Solicita también que la Corte Penal Internacional investigue y persiga a altos cargos de estas empresas y a las propias entidades "por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional" y en el lavado de dinero obtenido mediante esos crímenes.
Info: Araín.EITB
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
