Mientras otras naciones de la región han logrado separar la política partidaria de las bases fundamentales de su economía, en Argentina el nexo sigue siendo indivisible y letal. En países como Perú, los vaivenes presidenciales, los juicios políticos y las crisis institucionales son casi una norma, pero la economía, sostenida por instituciones resilientes y políticas macroeconómicas ortodoxas, continúa su curso. De igual forma, en Chile, un cambio de gobierno hacia la izquierda puede generar volatilidad, pero nadie cree que un presidente pueda, de la noche a la mañana, imponer un "cepo", nacionalizar empresas o declarar un default de la deuda. La razón es simple: sus fundamentos son más sólidos y existe un consenso tácito sobre los límites de la intervención estatal. La política influye, sí, pero no tiene el poder de detonar una crisis financiera o una hiperinflación.
En Argentina, la historia es radicalmente distinta. El riesgo país no solo mide la solvencia del Estado para pagar su deuda, sino que actúa como un barómetro del miedo político. Cada movimiento en la política, cada elección, se percibe como una potencial amenaza de que las reglas de juego se reescriban por completo, llevando a los mercados a evaluar los riesgos no en términos técnicos o financieros, sino a través de un lente político. Es un sistema donde las variables económicas se ven amplificadas por su potencial impacto político, lo que a su vez repercute en los mercados y la economía real, creando un círculo vicioso de incertidumbre y volatilidad.
Este fenómeno no es una casualidad. Es el resultado de un largo historial de políticas que han erosionado la confianza. Durante el Kirchnerismo, el gobierno se apropió de los fondos de jubilación privados (AFJP) en 2008, el INDEC falsificó las estadísticas de inflación, se aplicaron fuertes impuestos a las exportaciones agrícolas y se implementó el "cepo" cambiario en 2011. Estas medidas sembraron la desconfianza de los mercados y los ciudadanos, elevando el riesgo percibido sobre la propiedad y la seguridad jurídica.
La presidencia de Mauricio Macri buscó revertir este legado, reabriendo la economía y volviendo a los mercados internacionales. Sin embargo, su gobierno no logró sortear la trampa de la política. El gráfico 1 ilustra este punto de forma dramática: tras el resultado de las PASO de 2019, que mostró una ventaja del binomio Fernández-Fernández, el riesgo país se disparó de 872 a 1467 puntos en tan solo un día. Este salto del 68% no fue una respuesta a un cambio en los fundamentos económicos, sino a un miedo genuino a un retorno de políticas intervencionistas. El mercado castigó la posibilidad de un cambio de gobierno con la misma severidad que lo haría ante un inminente default.
El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa heredó un alto riesgo país, pero lo mantuvo en niveles elevados. Como se observa en el gráfico 2, el riesgo osciló en un rango alto durante 2020-2022, reflejando la incertidumbre por la reestructuración de la deuda, el endeudamiento con el Banco Central y la persistente inflación. En las elecciones de 2023, la situación era de máxima tensión. El gráfico 1 muestra cómo en los días previos al balotaje de 2023, el riesgo ya estaba en niveles altísimos (2246 puntos), pero el resultado, con la victoria de Javier Milei, generó un respiro y una ligera caída inicial (2165 puntos). La reacción fue de alivio, ya que los mercados percibieron un cambio de rumbo hacia una política fiscal y monetaria más ortodoxa.
El gobierno de Javier Milei, con su enfoque de "shock" y ajuste, ha logrado un descenso notable en el riesgo país durante 2024, tal como se refleja en el gráfico 2. Sin embargo, la batalla política no ha terminado. A pesar de la caída del riesgo, la oposición en el Congreso continúa bloqueando reformas clave y se niega a reconocer las restricciones fiscales del Estado. Este panorama se ve reflejado en el gráfico 1 sobre las Elecciones de la PBA de 2025, donde se aprecia un nuevo y pronunciado aumento del riesgo país de 900 a 1308 puntos, impulsado por la incertidumbre sobre la capacidad del oficialismo para gobernar sin consenso. En Argentina, un problema financiero nunca es solo eso; es una potencial crisis política.
Conclusión
El mayor desafío de la economía argentina radica en la inextricable interacción entre la política y el mercado. Mientras la política siga siendo percibida como la principal fuente de riesgo, el país seguirá condenado a vivir en un estado de permanente volatilidad, donde las inversiones y el crecimiento se ven sacrificados por la incertidumbre. Hasta que los líderes políticos, sin importar su ideología, logren construir un consenso duradero sobre el respeto a los contratos, la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, el riesgo político seguirá siendo la fuerza dominante que condiciona el futuro de la Argentina.
Aníbal Sebastián Mercaich; Economista
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
