El presupuesto destinado a universidades es de $ 3,6 billones menos de lo que indica la ley

El gobierno presentó su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027 con un fuerte recorte sobre el gasto en educación superior.

En momentos en los que están agotados los recursos judiciales para eludir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo decidió plasmar en el texto de la ley de leyes su negativa a cumplir con lo que indica la norma.

El proyecto de ley de presupuesto que ingresó al Congreso para su debate destina poco más de $7,4 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron en el congreso su propio proyecto de presupuesto universitario contemplando los gastos de funcionamiento y los salarios según lo que indica la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el congreso nacional y ratificada con mayoría especial luego del veto presidencial.

El monto que presentaron los rectores del CIN llega a $11 billones que superan en $3,6 billones lo que pretende destinar el gobierno. De ese total, $8,4 billones corresponden a los salarios del personal.

Pero la propuesta presentada por las universidades contempla, además, unos $7 billones adicionales para atender "políticas estratégicas" entre las que se destacan fondos para ciencia técnica y arte, obras de infraestructura y becas Progresar. De esta forma, desde el punto de vista de los rectores las universidades precisan para funcionar y desarrollarse unos $18 billones que representan 2,5 veces lo que el gobierno propone al Congreso.

Así, a un año de su aprobación el gobierno solo reconoció un incremento de salarios del 21,3% que plasmó en julio de este año en un acta acuerdo que suscribieron dos de las tres principales federaciones que representan a los docentes universitarios. El incremento salarial debió superar el 50% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 tal como indica la ley.

A diferencia de la propuesta presentada en 2025 para el ejercicio 2026 que incluía un artículo que proponía derogar explícitamente la ley de financiamiento universitario y que no resultó aprobado, el proyecto de ley presentado este año por el oficialismo omite pronunciarse sobre la norma.

La estrategia del oficialismo consiste en apostar a una suerte de derogación tácita de la ley en tanto, de resultar aprobado el presupuesto, los mismos legisladores que aprobaron la ley, ahora no destinarían los fondos para financiarla.

Si bien fuentes cercanas al juzgado de Martín Cormick que lleva la causa por el incumplimiento del gobierno aseguraron que no existe la forma jurídica de una derogación tácita de una norma todo indica que el gobierno buscará legitimar su desacato con ese eventual respaldo del Congreso y, de esa forma, alimentar la causa con nuevos argumentos y presentaciones.

Las norma vigente y no acatada por el gobierno según indica su articulado expira en enero de 2027 en tanto se refiere a los fondos erogables durante 2026 y todo indica que el oficialismo buscará alimentar la causa con este tipo de maniobras para llegar hasta esa fecha sin una resolución definitiva.

Las federaciones se encuentran en un plan de lucha que el martes consistió en clases públicas en todo el país con epicentro en la Plaza de Mayo y que, a priori, continúa con una nueva marcha federal universitaria pautada para la primera semana de octubre.

Hoy jueves esta agendada una nueva reunión paritaria luego de que el gobierno ofreciera en el último encuentro una recomposición del 3% para el mes de septiembre cuando el cumplimiento de la ley de financiamiento exige casi un 35%.

La presentación del presupuesto con esa omisión anticipa que la propuesta oficial recogerá el rechazo de las federaciones que, además, anunciaran una agenda de paros hasta la quinta marcha nacional universitaria.

Info: Alfonso de Villalobos