La tasa de informalidad laboral en Argentina escaló al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), lo que significa que cuatro de cada diez trabajadores operan fuera del marco legal en materia laboral, impositiva o de seguridad social. Este indicador representa un aumento interanual de 1,6 puntos porcentuales y marca el nivel más elevado desde 2008, con la excepción del segundo trimestre de 2022.
Un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, revela que la informalidad entre los asalariados alcanzó el 37,7%, el valor más alto en 17 años. Este segmento, que representa el 63% del total de trabajadores informales, es el principal componente del fenómeno.
La brecha entre formales e informales se refleja en los ingresos. El 40% de los ocupados informales percibe un salario mensual por debajo de la canasta básica individual (línea de pobreza). En contraste, solo el 5% de los trabajadores formales se encuentra en esa situación.
Informalidad y pobreza: una relación directa
El estudio destaca que, en el primer trimestre de 2025, el 24% de los trabajadores vivía en hogares pobres. Sin embargo, esta proporción se eleva al 42% entre los informales, mientras que entre los formales desciende al 12%. Esto confirma que la falta de registro laboral incrementa significativamente el riesgo de pobreza, incluso para quienes tienen empleo.
La informalidad afecta especialmente a los trabajadores de 16 a 24 años, donde la tasa alcanza el 63% —21 puntos porcentuales por encima del promedio general—. Esto implica que seis de cada diez jóvenes en el mercado laboral carecen de protección social y derechos laborales básicos.
Los datos reflejan una expansión del sector no registrado y una profundización de las brechas de vulnerabilidad, especialmente entre los asalariados y los jóvenes. La informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales, sino que también condiciona la movilidad social y la estabilidad económica de los hogares.
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
