Una denuncia
penal ingresó en las últimas horas a la fiscalía de Guillermo Marijuan y
promete generar un fuerte cimbronazo dentro de la ANSES. En el escrito, se
solicita investigar a una veintena de funcionarios de alto rango por presuntas
maniobras de corrupción, direccionamiento de contratos y conformación de una
red interna con fines de enriquecimiento personal. El caso fue sorteado y se
asignó al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián
Ramos.
Los señalados
en la presentación son Fernando Omar Bearzi (director ejecutivo), Paula Amor
(secretaria general), Gastón Palacios (chofer y allegado de Amor), Diego Palma
Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula
Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia,
Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, entre otros.
Corrupción en ANSES: qué dice
la denuncia
Según la
denuncia, las maniobras habrían sido impulsadas desde la Secretaría General,
bajo la conducción directa de Paula Amor, con la colaboración de áreas clave
como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control
Interno. El escrito sugiere la existencia de un circuito paralelo de decisiones
destinado a beneficiar a empresas vinculadas a los funcionarios denunciados.
Los hechos, de
comprobarse, podrían encuadrarse en los delitos de asociación ilícita (artículo
210 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público
(248), cohecho y corrupción (256 y 258), además de otras figuras penales que
pudieran corresponder según avance la investigación.
Una de las
empresas mencionadas es América Virtual S.A., proveedora de servicios
tecnológicos. De acuerdo con la denuncia, bajo la gestión actual sus
facturaciones "se multiplicaron groseramente" en comparación con los períodos
previos, alcanzando montos considerados "exorbitantes" por los denunciantes. En
paralelo, se advierte que la contratación por servicios adicionales habría
trepado a unos 9 millones de dólares.
Otro punto
sensible es el acuerdo con SAP, que incluye licencias, consultoría e
implementación, por un total de 19 millones de dólares, con un adelanto inicial
de casi un millón. A ello se suma la contratación del sistema Mainframe de IBM,
cuyo costo estimado asciende a 44,6 millones de dólares, con un primer pago de
7,7 millones y cuotas posteriores. En este caso, la proveedora sería la firma
GyL, que alquilaría los servidores al Estado.
Los
denunciantes sostienen que estas operaciones presentan sobreprecios
injustificables y que las decisiones administrativas fueron direccionadas para
favorecer a determinadas empresas. Además, remarcan la supuesta intención de
Paula Amor de avanzar sobre la Dirección de Sentencias Judiciales, el área que
administra los pagos millonarios de retroactivos a jubilados, junto con su
chofer y colaborador Gastón Palacios y el funcionario Santiago Adrián Campo.
El expediente
ya fue derivado por la fiscalía de Marijuan a sorteo y se definió que
intervendrá el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2. Fuentes judiciales no
descartan que, de confirmarse los indicios, el caso derive en un proceso de
alto impacto político y administrativo dentro del organismo previsional.
Si se
acreditan las maniobras descriptas, la causa podría convertirse en uno de los
escándalos de corrupción más significativos del actual ciclo de gestión en la
ANSES.
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