Mientras el Gobierno
celebra la desaceleración de la inflación, el efecto del modelo económico en el
bolsillo de las familias no es tan espléndido. Ya no alcanza con mirar el
precio de la góndola. Para una parte creciente de los hogares, el costo de la
comida ahora también depende del interés que pagan para financiar el changuito,
ante la imposibilidad de afrontar el gasto al contado, por sus ingresos
menguados.
Una situación
que con muy pocos escrúpulos parecen estar aprovechando las tarjetas de crédito
y las grandes cadenas de hipermercados que de manera explícita favorecen un
formidable negocio financiero sobre la necesidad de la gente.
Se hizo la
prueba con una compra online en Jumbo. Luego de elegir los productos, la página
web ofrece de manera compulsiva al consumidor la posibilidad de pagar con
tarjeta de crédito en cuotas. El detalle es que las tasas son prácticamente
usurarias. Una financiación con una tasa del 93% para planes de hasta seis
cuotas y del 98% para nueve, diez o doce pagos. En una compra de $559.095, el
monto total asciende a $1.038.128 si se financia en doce cuotas. Es decir, el
precio final queda un 86% por encima del contado.
No se trata de
un préstamo personal ni de refinanciar el resumen de la tarjeta. Es el costo
financiero incorporado a una compra corriente de supermercado. Una tasa
aplicada sobre alimentos, artículos de limpieza o productos de primera
necesidad. Un fenómeno que prácticamente no forma parte del debate económico.
La novedad,
que por ahora no registran ni los funcionarios ni los grandes medios, llega en
un momento en que el ingreso disponible continúa deteriorándose. Un informe de
la consultora Equilibra mostró que en mayo el ingreso disponible de los
hogares, descontados los gastos fijos, cayó 2,1% respecto de abril y 5,1% en comparación
con un año atrás. Además, quedó 16,5% por debajo del promedio registrado entre
enero y septiembre de 2023.
Si se observa el ingreso real, descontando la
inflación con la canasta actualizada, la caída fue de 1,4% mensual, 2,9%
interanual y acumula un retroceso de 10,6% respecto de los niveles previos al
cambio de gobierno. Es la explicación de la necesidad de las familias de asumir
tasas siderales, para poder asegurarse los bienes básicos.