La deuda
pública aumenta en forma exponencial porque, pese a que la Administración
nacional realiza ajustes del gasto público, sin ton ni son, desfinanciando la
obra pública, paralizándola, limitando la prestación de servicios de salud,
educación, sociales, etc., anulando funciones del Estado, para priorizar el
pago de los intereses, la deuda es de tal magnitud que sigue incrementándose
sin límite.
En el año
2024, al tipo de cambio oficial, la deuda en títulos que capitalizan intereses
(Lecap y Boncap) sumó 33.678 millones de dólares (supera en más de tres veces
el superávit primario). En el año 2025,
la capitalización alcanzó los 47.225 millones de dólares (más de cinco veces el
superávit primario). Y en los primeros
cuatro meses de 2026, ya capitalizaron intereses por no poder pagar su
totalidad, por más de dos veces el superávit primario.
El magro
presupuesto nacional de 2026 de la ley 27.798, cuyo artículo 1.º establece el
equilibrio financiero y estima un resultado superavitario para el sector
público nacional, le permite al Ministerio de Economía, mediante resoluciones
administrativas, realizar el ajuste del gasto.
Por ejemplo,
la Resolución Administrativa 20/26 reduce el gasto de capital (obra pública y
transferencias de capital a las provincias) en un 20%. La partida original era
de 3.286.766 millones de pesos, y se habían ejecutado al primer trimestre
330.514 millones de pesos. Y el gasto
corriente en un 2%, fundamentalmente en subsidios y servicios económicos,
encareciendo su pago a la población.
El superávit comercial y la
fuga de capitales
Es cierto que
el comercio exterior declarado es superavitario, sin tomar en cuenta que
vendemos básicamente alimentos, materias primas y combustibles, e importamos
productos industriales con alto valor agregado (importamos trabajo y trabajo de
alta calidad).
Todo el
comercio se hace por declaración jurada; los controles son cada vez menores
(por la reducción del gasto público y por connivencia con las empresas),
favoreciendo la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de
exportaciones. No es casualidad que el principal apoyo en la concesión de
nuestro río Paraná, su dragado y balizamiento, surja de la Bolsa de Comercio de
Rosario y de la Cámara de Puertos Privados, sin contemplar el impacto ambiental
que el dragado continuo y la rectificación de curvas hacen con lo que respecta
a la dinámica natural del río, así como el objetivo de llevar el calado del
Paraná a 44 pies (frente a los 34 pies actuales), poniendo en riesgo de
ecocidio para los humedales.
La Procuración
de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal nacional Sergio
Rodríguez, presentó el 14 de mayo de 2026 un dictamen enumerando una serie de
irregularidades en el proceso licitatorio ante la Fiscalía Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N.º 9, a cargo del doctor Guillermo Marijuan.
En este advierte que las irregularidades detectadas podrían configurar
reproches de naturaleza administrativa y, eventualmente, derivar en
responsabilidades penales, haciendo énfasis en la omisión de la evaluación de
impacto ambiental en todo el proceso licitatorio.
Aun así, por
declaración jurada, el superávit comercial es importante.