La Justicia
federal sospecha que el contrato de José Luis Espert con el presunto narco Fred
Machado es trucho y una maniobra para tratar de blanquear un pago ilegal.
El fiscal
federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de
servicios profesionales que presento el ex diputado nacional es falso y fue una
simulación para blanquear los USD 200.000 que recibió en su cuenta bancaria.
Espert utilizó
un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del
Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos. Sin embargo, la Justicia
comprobó que nunca viajó a dicho país para prestar los servicios y que las
minas de la empresa no estaban operativas.
Los fondos que
investigan provienen de cuentas vinculadas a Fred Machado, el argentino que
confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero. La confesión
de ese delito fue un acuerdo para que no lo investiguen por narcotráfico.
Por ese
motivo, el fiscal realizó formalmente el pedido de indagatoria para Espert,
bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a
su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar
informes contables ilícitos.
Espert utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala
con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos. La
Justicia comprobó que nunca viajó a dicho país para prestar los servicios y que
las minas de la empresa no estaban operativas
Previamente,
el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de
innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del ex diputado
nacional como los de su esposa, María Mercedes González.
Hasta el
momento, se sabe que la relación entre Espert y Machado consistiría en el
financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña
presidencial de Espert en 2019 y que derivó en esta causa judicial por presunto
lavado de dinero.
En abril de
2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de
extradición hacia los Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado
de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte
Suprema de Justicia.
Info: LPO