La oposición convocó a una sesión para derribar el DNU 70 y acorrala al Gobierno en el Congreso

Diversos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un pedido formal ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, para convocar a una sesión especial el próximo jueves 15 de octubre a las 14.

El objetivo central de la movida parlamentaria es darle el golpe de gracia al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que desreguló de manera amplia la economía y ya cosechó un rechazo en el Senado en marzo de 2024.

La oposición responde así tras el impacto político generado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la vigencia del artículo 154 y dejó sin efecto los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La solicitud de sesión cuenta con las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

Para alcanzar el quorum de 129 bancas y las mayorías necesarias, los convocantes apuestan a tejer acuerdos con diputados ligados a los gobernadores provinciales, muchos de los cuales se encuentran actualmente en Francia junto al presidente Javier Milei, en el Argentina Week.

La agenda social para sumar mayorías

Con la intención de consolidar la masa crítica en el recinto, la oposición incluyó en el temario dos ejes de alta sensibilidad social: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la atención al sobreendeudamiento de las familias.

En materia de endeudamiento, el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor expuso posturas encontradas.

El oficialismo, en alianza con el PRO y la UCR, logró imponer el dictamen de mayoría al proponer un esquema basado en la educación financiera, la transparencia en los costos y la portabilidad del crédito, que rechaza de forma explícita el establecimiento de topes a las tasas o quitas de capital por considerarlos distorsivos.

Por el contrario, la oposición se dividió en dos propuestas de intervención directa. El peronismo, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas firmaron un dictamen para declarar la emergencia por 180 días, que habilite una refinanciación para quienes destinen más del 30% de sus ingresos al pago de deudas de consumo (hasta tres canastas básicas) con cuotas topadas.

En tanto, el bloque Argentina Federal presentó una iniciativa propia para limitar los intereses a 1,5 veces la tasa de plazo fijo promedio calculada por el BCRA por el término de un año.

El conflicto por discapacidad

El tratamiento de la emergencia en discapacidad representa uno de los puntos de mayor desgaste político para el Poder Ejecutivo en el Congreso. La controversia se profundizó a partir de la formulación del Presupuesto 2027, cuyo Capítulo VI contemplaba la derogación del sistema de movilidad para las pensiones por discapacidad, al dejar la actualización de los montos a discreción del Poder Ejecutivo.

La iniciativa generó un fuerte rechazo social y legislativo que obligó al oficialismo a modificar su postura inicial. Ante el avance de la oposición, que logró emplazar a las comisiones para tratar el tema el pasado 9 de septiembre con 249 votos afirmativos, La Libertad Avanza debió ceder terreno para evitar una derrota contundente en el recinto.

En el plenario de comisiones, el bloque libertario impulsó un dictamen de mayoría que obtuvo 42 firmas -frente a las 36 del texto opositor de prórroga directa de la emergencia- en el que aceptó preservar la compatibilidad del trabajo formal con el cobro de la pensión no contributiva por invalidez, garantizar las partidas para el programa Incluir Salud y restablecer la indexación mensual de los aranceles destinados a los prestadores.