La medida, respaldada por una orden de allanamiento de la
Justicia, permitió ordenar un sitio rodeado de hogares y comercios y trasladar
estos residuos hacia un centro de acopio transitorio habilitado, desactivando
un foco de riesgo ambiental que afectaba a la comunidad desde hace más de ocho
años.
La supervisión de las tareas en territorio fue liderada por
los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, Osvaldo Fernández, director de
Gestión Ambiental del Agua; Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio
Climático; y Gabriela Joubert, coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias,
quienes trabajaron en conjunto con la directora de Ambiente municipal, Marcela
Leone, y el personal policial dependiente de la Jefatura Departamental de Tala.
Los funcionarios provinciales destacaron que este procedimiento
es el resultado directo de denuncias de vecinos que finalmente encontraron una
respuesta efectiva del Estado. "Estamos
haciendo lo que hay que hacer: escuchar al ciudadano y actuar con firmeza
cuando la salud de nuestra población está en juego por el manejo irresponsable
de residuos peligrosos", manifestaron las autoridades durante el
operativo.
La intervención provincial activó una logística de
remediación inmediata a través de la organización Campo Limpio. Los más de 2000
bidones fueron retirados con destino al Centro de Almacenamiento Transitorio
(CAT) de San Marcial para su disposición final segura. Las autoridades
subrayaron que el acopio de estos materiales sobre suelo natural y a la
intemperie representaba una amenaza concreta para las napas de agua y la
integridad ambiental del barrio. En este sentido, apelaron a la responsabilidad
colectiva de los actores del sector agroindustrial para cumplir con la
normativa, remarcando que el Gobierno de Entre Ríos intervendrá ante cualquier
situación que vulnere el derecho a un ambiente sano.
Tras el allanamiento autorizado por la Jueza de Garantías,
Silvina Cabrera, y ejecutado por la Comisaría Primera, el predio quedó bajo
vigilancia y el propietario fue notificado de la prohibición absoluta de manipular,
trasladar o comercializar los residuos remanentes. Con la resolución de este
conflicto histórico, el Estado provincial reafirma su capacidad de
fiscalización y control territorial, garantizando el cumplimiento de la ley y
la protección de la salud pública en Rosario del Tala y toda la provincia