El indulto que el presidente de EE.UU., Donald Trump, le otorgó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien había sido condenado por delitos de narcotráfico, revivió otros casos que han evidenciado las contradicciones de la supuesta guerra contra las drogas.
La semana pasada, de manera sorpresiva, Trump se involucró de lleno en el proceso electoral de Honduras, apoyó al candidato ultraconservador Nasry Asfura (Partido Nacional) y anunció el indulto a Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por haber recibido sobornos para permitir el tráfico de cocaína desde el país centroamericano hacia EE.UU.
El caso provocó una polémica porque Trump tomó la insólita decisión, en medio de su renovada "guerra narco", que incluye sanciones arancelarias a países como México supuestamente por no combatir a los cárteles; operativos armados contra lanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que han dejado un saldo de decenas de muertos; y amenazas directas contra Venezuela. Congresistas demócratas advirtieron que el indulto demostraba la "hipocresía" del presidente.
Además, Trump ha calificado sin pruebas a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser narcotraficantes, pero la historia demuestra que, en realidad, EE.UU. ha protegido a políticos vinculados con el narcotráfico cuando sirvieron a sus intereses.
Panamá
Uno de los casos más recordados es el de Panamá, durante el Gobierno de Manuel Noriega (1983-1989), quien fue reclutado como informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cuando estudiaba en una academia militar en Perú.
De hecho, Noriega fue uno de los alumnos de la tristemente célebre Escuela de las Américas, el centro de reclutamiento donde EE.UU. entrenó a militares y policías latinoamericanos en 'estrategias de contrainsurgencia', que consistían en el uso de la tortura y las ejecuciones sumarias, y que se convirtieron en noma para las dictaduras de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Fue justo en esos años en los que, a fuerza de represión, sin elecciones de por medio, Noriega se convirtió en el hombre más poderoso de Panamá con el aval de la CIA, que estaba sumida en el combate contra los sandinistas de Nicaragua.
La agencia estadounidense protegía a Noriega, a pesar de que tenía vínculos con el Cártel de Medellín y de que era una pieza clave para el tráfico de cocaína de Colombia a EE.UU., un país que en esa época enfrentó una epidemia de consumo de esa droga.
No obstante, en ese momento a EE.UU. le importaba más echar a los sandinistas que combatir al narco. Por eso, el Gobierno de Ronald Reagan no dudó en financiar a "la contra" nicaragüense con un sucio negocio.
De este modo, los aviones estadounidenses que llevaban armas al país centroamericano volvían a EE.UU. cargados con drogas que, en muchos casos, pasaban por Panamá con la anuencia de Noriega. Gran parte de los millones de dólares que implicó la operación ilegal también se quedó en sus manos.
"Todos en Panamá —todos en el Departamento de Estado, todos en las Fuerzas Armadas— estaban convencidos de que Noriega y su gente dejaban pasar estas drogas", declaró Arthur H. Davis Jr., embajador en Panamá de 1986 a 1990.
La complicidad de EE.UU. con Noriega terminó a finales de los 80 de la manera más brutal: con una invasión de tropas estadounidenses a Panamá que puso fin a la dictadura. En 1992, el antiguo alumno de la CIA fue condenado a 40 años de prisión por múltiples cargos, incluido el tráfico de drogas.
Perú
El 14 de septiembre del 2000, los peruanos vivieron una histórica jornada que demostró los vínculos entre política y narcotráfico en un caso en el que, otra vez la CIA, tuvo un papel protagónico.
Ese día se transmitió el primer "vladivideo", como se denominó el escándalo de las grabaciones que durante años acumuló Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para extorsionar a los personajes públicos a los que les pagaba sobornos, ya fueran congresistas, alcaldes, líderes de partidos, periodistas y empresarios en el entramado.
Al igual que otros tantos criminales que se involucraron en la política, Montesinos, que recibía dinero del tráfico de drogas a cambio de proteger a los narcotraficantes, se había entrenado en la Escuela de las Américas y trabajaba como espía de la CIA.
De hecho, esa agencia financió la creación del Servicio de Inteligencia Nacional fujimorista, lo que le permitía a EE.UU. controlar la estratégica tarea de espionaje. De nada valieron las protestas de la DEA, el otro organismo de EE.UU. que suele rivalizar la CIA, y que hacía años había confirmado los lazos de Montesinos con el narco.
En 2001, con Fujimori fuera del poder y prófugo, una comisión legislativa concluyó que Montesinos había convertido a Perú en "un narcoestado" porque era el principal jefe del crimen organizado y negociaba con los cártes de Colombia y de México.
Parte de su negocio era el cobro de cuotas a narcotraficantes que quisieran operar en territorio peruano, así como la vigilancia de soldados en pistas clandestinas de las que partían avionetas cargadas de drogas. Tenía cuentas ocultas por 48 millones de dólares en Suiza. Hoy sigue preso, ya sin la protección de la CIA.
Cárteles "terroristas"
Una de las primeras medidas que tomó Trump después de asumir por segunda vez la presidencia en enero pasado fue la de designar como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
En estos meses, sin embargo, EE.UU. ha aceptado pactos con varios capos del Cártel de Sinaloa, como Ismael 'El Mayo' Zambada, a quien tenía identificado como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo y Dámaso López Serrano, alias 'El Mini Lic'.
Del mismo modo, ha pactado con Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa que cumple una pena a cadena perpetua en EE.UU.
Ello implica que EE.UU. negocia con "terroristas". La contradicción de las políticas de drogas de Trump ha sido subrayada de manera constante por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
"Hay que insistir en algo muy importante: el Gobierno de EE.UU. hizo un decreto hace poco llamando terroristas a algunas organizaciones de la delincuencia organizada (...) varias ocasiones han manifestado que no establecen negociaciones con estas organizaciones, entonces tienen que explicar por qué en esos casos se llegan a acuerdos", cuestionó la mandataria. Hasta ahora no hay respuesta.
Info: R.T. Canal
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
