Polonia aplaza, sin nueva fecha, las elecciones presidenciales del próximo domingo
La decisión fue adoptada ante la situación creada por el rechazo del Tribunal Supremo a la convocatoria
Jaroslaw Kaczynski, en una imagen tomada este miércoles
Las elecciones presidenciales de Polonia, que debían celebrarse el próximo domingo, han quedado aplazadas hasta una fecha por determinar, según comunicó ayer el líder del partido gubernamental Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski.
La decisión fue adoptada ante la situación creada por el rechazo del Tribunal Supremo a la convocatoria, que por primera vez en la historia del país se habría celebrado únicamente mediante voto por correo en medio de las restricciones impuestas por el coronavirus.
La celebración de los comicios topaba con las llamadas de la oposición al boicot, que alertaba de que ese sistema de votación contravenía la ley electoral vigente y exigía su aplazamiento.
El ultraconservador PiS había logrado la aprobación de la convocatoria en el Parlamento, donde tiene una amplia mayoría.
El presidente polaco, Andrzej Duda, al que respalda el partido de Kaczynski, partía como favorito frente a sus rivales opositores. Los sondeos le pronosticaban más de un 50 % de apoyos, lo que habría significado su reelección ya en la primera vuelta.
Una victoria de Duda habría apuntalado la posición del PiS, que el pasado octubre repitió victoria por mayoría absoluta en el Parlamento, aunque finalmente no logró el control sobre el Senado.
El expresidente del Consejo Europeo y exprimer ministro polaco Donald Tusk se unió hace unos días a las llamadas al boicot a los comicios, con el argumento de que éstos no eran limpios y constituían una maniobra del PiS para reforzar su poder y llevar adelante sus controvertidas reformas.
La Comisión Europea (CE) tiene abierto un expediente contra Polonia por su nueva ley para la organización de la justicia, que según Bruselas atenta contra la independencia judicial.
Según Bruselas, la nueva legislación impulsada por el PiS es susceptible de ser utilizada para controlar la Justicia del país, viola la independencia del poder judicial y, por tanto, los derechos fundamentales europeos.