El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de control sobre el uso de semillas que modifica la forma en que se verifica la identidad varietal de los granos cosechados, bajo el argumento de fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el agro. Sin embargo, la medida generará una concentración en el desarrollo y uso de los nuevos granos patentados. La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y establece un protocolo que habilita la toma y el análisis de muestras en el primer punto de entrega de la cosecha para determinar si una variedad protegida fue utilizada sin autorización.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentó la iniciativa como una actualización pendiente desde hace décadas. "A partir de hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina", sostuvo. También afirmó que "cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas". Según el funcionario, la implementación de la medida permitiría un incremento de las exportaciones "en más de 4.000 millones de dólares anuales".
La resolución incorpora una herramienta que las empresas semilleras y obtentoras reclamaban desde hace años: la posibilidad de identificar genéticamente variedades protegidas directamente sobre los granos comercializados. El procedimiento se realizará mediante muestras tomadas en acopios y establecimientos que funcionen como primer punto de entrega y que deberán estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
El nuevo esquema determina además quiénes podrán intervenir en ese proceso. Los análisis no quedarán exclusivamente en manos del Estado. La norma establece que solamente las cámaras arbitrales y las entidades privadas que haya suscriptos convenios o recibido habilitación del INASE estarán autorizadas para adquirir y analizar las muestras. Una vez emitido el certificado correspondiente, los resultados deberán ser enviados simultáneamente al titular de la variedad registrada y al titular de la muestra.
A partir de ese momento, el propietario de la tecnología tendrá 60 días para presentar una denuncia ante el organismo si considera que existe un uso irregular. Durante ese plazo las muestras deberán conservarse bajo resguardo. Si se inicia una acción administrativa o judicial, la conservación se extiende hasta la finalización del procedimiento. Los cambios ocurren mientras el sistema público de investigación agropecuaria atraviesa una reestructuración que redujo capacidades estatales en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico, como el INTA.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostiene que "el significativo avance de la tecnología aplicada a la verificación de la identidad varietal de semillas permite actualmente determinar dicha identidad en plazos considerablemente reducidos". También afirma que estos procedimientos aportan "solidez probatoria" para la investigación de eventuales infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
La iniciativa aparece en un contexto de debate sobre el mercado de semillas, donde desde hace años conviven dos modelos en tensión. Por un lado, las compañías obtentoras y desarrolladoras de eventos biotecnológicos reclaman mayores mecanismos para garantizar el cobro de regalías y proteger sus inversiones en investigación. Por otro, productores, cooperativas y organizaciones vinculadas a la agricultura familiar han cuestionado distintas propuestas orientadas a ampliar los controles sobre el uso propio de semillas y a reforzar los derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos.
Aunque la resolución no modifica formalmente la Ley 20.247, sí amplía la capacidad de detección y eventual denuncia de usos considerados no autorizados. La novedad radica en que la fiscalización deja de concentrarse exclusivamente en la semilla y pasa a realizarse también sobre el grano comercializado mediante herramientas de identificación genética.
Info: El Destape web
En mayo de 2003, cuando terminó la presidencia de Eduardo Duhalde, la deuda externa ascendía a 178.000 millones de dólares, habiendo aumentado cerca de 34.000 millones con respecto a la cifra del año 2001 (que era de 145.000 millones de dólares). Este aumento fue por el costo asumido por el Estado nacional en beneficio de las empresas ante la...
