Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín
Unirá la empresa agroindustrial a YPF Agro. Se trata de un acuerdo de integración productivo con entidades del sector agropecuario, como así también leyes de aumento de producción, incentivos a la exportación de proteínas para humanos y el fomento de la biotecnología
El Gobierno anunció la intervención estatal de la empresa agrícola Vicentin y el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de esa compañía.
El presidente Alberto Fernández detalló en la Casa Rosada que fue designado Gabriel Delgado como interventor de Vicentin, que a partir de ahora comenzará a ser gestionada por YPF Agro SA y declarada de "utilidad pública" mediante el proyecto de ley que se enviará al Parlamento nacional.
Fernández buscó llevar tranquilidad a los trabajadores de la empresa y a los productores que dependen de la compañía agrícola para continuar con sus puestos de empleo y para seguir vendiendo, en forma respectiva.
De esta manera, el Gobierno presentó un plan de rescate para la empresa Vicentin, que solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos USD1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.
La empresa agroindustrial Vicentín SAIC, que recibió un préstamo de más de $18.370 millones de pesos del Banco Nación bajo la gestión de Javier González Fraga, fue una de las mayores aportantes privada a la campaña de Juntos por el Cambio durante las PASO.
Si bien no se anticiparon los alcances específicos que tendrá el anuncio, lo cierto es que el Gobierno nacional tiene la intención de avanzar hacia la conformación de una sociedad mixta entre el estado y los privados.
El 10 de febrero pasado, la firma le solicitó a la justicia el concurso preventivo, lo que iba a ser aprobado a principios de marzo por el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista.
Hacia finales de mayo, la empresa anunció que licenciaría en el plazo de 10 días a sus 800 operarios y no descartó posibles despidos, por lo que los anuncios irían además a fomentar "la paz social y la estabilidad laboral con los gremios" del sector.
En enero, el Banco Nación analizó el financiamiento otorgado a la cerealera durante la gestión del macrismo, al que consideró de "maniobra fraudulenta en complicidad con la anterior conducción del país y de la institución" y determinó que los ingresos de la compañía no justificaban "la crisis financiera alegada".