Avanza la investigación por el financiamiento de la campaña presidencial de Cambiemos en 2015

El juez federal Ariel Lijo dispuso las primeras medidas de prueba en la investigación judicial que se abrió para determinar si se cometieron delitos para financiar la campaña electoral que hizo Cambiemos para que Mauricio Macri fuera elegido presidente.

El magistrado, según explicaron fuentes judiciales, le solicitó a María Servini, jueza electoral de la Capital, que le envíe el informe del financiamiento de la campaña presidencial de 2015. Se trata de un registro que el juzgado electoral realiza siempre en la etapa previa a los comicios. Lijo le solicitó a Servini un listado de los responsables de la campaña y de quienes se encargaron de la rendición de cuentas en nombre de Cambiemos.

El caso había sido impulsado por el fiscal Ramiro González, quien había solicitado varias medidas de prueba. Algunas de ellas fueron ordenadas por Lijo.

La causa se originó en una investigación preliminar realizada por el fiscal electoral Jorge Di Lello a partir de revelaciones hechas por el periodista Juan Amorín en la web El Destape.

El juez Ariel Lijo (foto Maximiliano Luna)

Luego de acumular información, Di Lello le presentó su investigación a Servini para que determine si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2015. La jueza envió el caso a sorteo y le tocó al juez Lijo, quien interviene en la causa junto a González.

Lijo pidió los balances donde consten los gastos de campaña de 2015. Y también información relacionada con empresas que brindaron servicios durante la campaña en la que se postulaba a Macri como presidente.

Cuando el fiscal González impulsó la investigación, había enumerado algunas de las irregularidades denunciadas: "Concretamente, tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias 'en negro' durante la referida campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015″. De Andreis, hombre de confianza de Macri, ocupa desde diciembre de 2015 el cargo de secretario general de la Presidencia de la Nación.

La base de la denuncia que impulsó González fueron los testimonios de Amorín, que quedaron reflejados en el requerimiento de instrucción realizado por el fiscal.

"Una fuente me mostró una fuente de acceso público a un foro de Gmail del equipo de comunicación del PRO, al que se accedía a través de una página web, y cuyo acceso fue cerrado, que es la publicada en la nota de El Destape", había señalado Amorín, quien además explicó en su declaración que "habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales -al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia electoral- se conoció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor".

Además Amorín había dicho que tuvo acceso a correos electrónicos y planillas de Excel de los que se desprendía que hubo pagos en efectivo a proveedores de servicios audiovisuales para diversos actos realizados durante aquella campaña electoral.

Se puso el foco sobre algunos gastos hechos por el Ente de Turismo de la Ciudad que estuvo a cargo de De Andreis. El periodista dijo conocer la existencia de correos electrónicos intercambiados por empleados de esa repartición con el proveedor identificado como "CAP publicidad SRL" en los que se acordaron presupuestos para adquirir globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el eslogan de Cambiemos y la leyenda "Macri 2015". En los presupuestos se barajaban cifras de $5.000.000.

Lijo solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) datos sobre las empresas que aparecen involucradas en el caso entre las que se encuentran "CHK Servicios Audiovisuales SRL", "CAP Publicidad SRL" y "Televaz".

Con las medidas efectuadas por Lijo comienza formalmente la investigación del modo en que se financió la campaña presidencial del oficialismo en 2015. La causa recién se inicia. Y durante el año electoral en el que se votará a presidente se acumulará información en el expediente.