Cae una red de policías de Rosario por una estafa con los fondos para la nafta de los patrulleros

La Policía de Rosario produjo durante meses una malversación de fondos con combustible que implicó una sangría multimillonaria de recursos públicos. Según lo estimado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, el robo sistemático fue por unos 45 millones de pesos por mes.

La maniobra motivó este lunes la concreción de 38 allanamientos contra distintas dependencias, luego de que el fiscal José Luis Caterina investigara la acción detectada e identificara como responsables del delito a oficiales de jerarquía en todos los casos. También hubo 17 detenidos de los cuales permanecían 16 en esa condición.

La audiencia en la que serán imputados por malversación de caudales públicos ya fue solicitada. Entre los presos se cuentan cuatro responsables de Gas Auto Tiferno, la sociedad que controla la estación de servicio enganchada en las maniobras. También el jefe de la secretaría privada de la Jefatura de Rosario, el comisario Rodrigo Domínguez, que ya estuvo implicado en investigaciones por corrupción.

El ilícito determinó la intervención de la Unidad Regional II de Rosario, la mayor dependencia de la provincia, dispuesta por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el corrimiento de su jefe, Daniel Acosta. "Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública", sostuvo el funcionario.

Como interventor fue designado un director general de policía que estaba retirado del servicio activo. Es Claudio Romano y sus funciones podrían extenderse más allá de los tres meses en que se previó la normalización de la dependencia. El Ministerio ordenó una auditoría general sobre todas las áreas de logística con especial atención en la temática de combustible.

El fiscal encargado de la pesquisa, José Luis Caterina, sostuvo que el legajo se inició a raíz de una denuncia anónima enviada por correo postal a la Fiscalía de Rosario. "La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la UR II para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII. No están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible".

"Claramente surge una maniobra de sobrefacturación que está en connivencia con la estación de servicio. El dinero sobrefacturado se reparte entre los implicados. La plata viene directamente de la provincia y no implica ningún servicio en retribución. Es ganancia plena que se reparte entre efectivos policiales y las personas de la empresa", indicaron fuentes de la pesquisa.

La tarjeta Visa Flota es un sistema de pago electrónico utilizado por la policía de la provincia de Santa Fe para la compra de combustible, que fue extendido a todos los vehículos policiales. Este sistema agiliza la recarga de combustible, mejora el registro y facilita el control.

La estación de servicio que aparece como clave en el desfalco es una Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, a una cuadra de la sede de la Jefatura de Policía de Rosario. Sus dueños están entre los detenidos.

El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereyra, declaró este martes en Radio Dos de Rosario que se investigó también en la Secretaría de Control de la cartera ministerial. Indicó que el jefe de Unidad Regional II hasta el lunes, Daniel Acosta, fue relevado de su cargo, aunque no aparece comprometido en los delitos bajo pesquisa porque la detracción de enormes recursos se dio bajo su gestión.

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, indicó que se realizaron 38 allanamientos. "El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la Unidad Regional II y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías", dijo en una rueda de prensa.

Cococcioni sostuvo que la investigación llevó diez meses de curso sigiloso para detectar la trama del ilícito. Afirmó que de parte del Ministerio hubo por ese momento una batería de medidas para detectar malas prácticas con directivas y protocolos para hacer eficientes los controles. "Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor".

"Siempre hemos dado a la policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos". Dijo Cococcioni.

Info: Hernán Lascano