El Capitalismo de Amiguetes como Patología Institucional: Una Crítica Estructural al Concepto de Estado Amigo de Empresas

Por Aníbal Sebastián Mercaich; Economista

Resumen

Este artículo de investigación profundiza en la patología económica y social del capitalismo de amiguetes (crony capitalism), analizando de forma crítica la noción de un Estado amigo de Empresas (pro-business state). Se argumenta que cuando las políticas gubernamentales se desvían de la imparcialidad y la ley general para otorgar privilegios especiales —tales como monopolios, subsidios, créditos fiscales o regulaciones restrictivas— a empresas ya establecidas, se socavan los principios fundamentales de los mercados libres y la competencia abierta. El marco teórico se cimienta en la Teoría de la Elección Pública y el concepto de Búsqueda de Rentas (Rent-Seeking), examinando las causas, las vastas consecuencias económicas (distorsión de recursos, freno a la innovación) y las ramificaciones políticas (corrupción y pérdida de legitimidad). A través de un análisis crítico que incorpora trabajos seminales de economistas de diversas escuelas, se concluye que el amiguismo es una fuerza destructiva que beneficia a unos pocos a expensas de la prosperidad general, haciendo del supuesto "Estado amigo de Empresas" un enemigo de la libre competencia y del bienestar social.

1.- Introducción

La promesa del capitalismo de mercado reside en la asignación eficiente de recursos, la innovación dinámica y la mejora del bienestar social a través de la competencia abierta y sin restricciones. No obstante, en la práctica, esta visión se ve a menudo comprometida por la interferencia política que favorece intereses corporativos selectos. El fenómeno conocido como capitalismo de amiguetes representa la máxima perversión de este ideal: una "amistad tóxica" entre las grandes empresas y el gobierno donde las reglas de juego se manipulan para favorecer a las empresas tradicionales a costa de los competidores actuales y potenciales (Mitchell, 2012).

Este trabajo se propone examinar en profundidad las dinámicas, causas y efectos del amiguismo. En particular, se desarrollará una línea crítica hacia el concepto, a menudo idealizado, de un Estado amigo de Empresas, argumentando que las políticas de favoritismo no son en realidad "pro-negocios" en el sentido de promover una economía dinámica, sino más bien pro-negocios específicos a costa de la economía en su conjunto. La crítica se basa en la premisa de que los favores especiales distorsionan la competencia, obstaculizan la destrucción creativa (Schumpeter, 1942/2003) y generan costos sociales masivos en términos de prosperidad no realizada y desconfianza institucional. El análisis trasciende las tradicionales divisiones políticas, señalando que la búsqueda de favores gubernamentales es un problema estructural que afecta a industrias favorecidas tanto por progresistas (por ejemplo, subsidios a la energía "verde") como por conservadores (por ejemplo, contratos militares).

El estudio se estructurará a través del desarrollo de un marco teórico riguroso que incorpora la Teoría de la Elección Pública y la Teoría de la Búsqueda de Rentas. Posteriormente, se detallarán las causas y efectos del amiguismo, prestando especial atención a las licencias ocupacionales como barrera de entrada a nivel sub-nacional. Finalmente, se explorarán las responsabilidades de los actores (gobierno, empresas, votantes) y las vías de solución, concluyendo con una reflexión sobre la vigilancia constante que se requiere para preservar mercados abiertos y competitivos.

2.- La Patología del Privilegio y el Fracaso del "Estado Amigo de Empresas"

2.1.- La Teoría de la Búsqueda de Rentas (Rent-Seeking)

La comprensión profunda del fenómeno conocido como capitalismo de amiguetes (crony capitalism), esa simbiosis tóxica entre el poder empresarial y el poder político, exige una inmersión en el sofisticado marco de la Teoría de la Elección Pública (Public Choice) y, específicamente, en el concepto de Búsqueda de Rentas (Rent-Seeking). Este aparato conceptual es fundamental para deconstruir la noción ingenua o interesada de un Estado amigo de Empresas (pro-business state), que en realidad opera como un facilitador de privilegios a expensas de la eficiencia y la equidad del mercado.

La génesis de la Búsqueda de Rentas se remonta al trabajo seminal de Gordon Tullock (1967), quien, al analizar los costos sociales de los aranceles, los monopolios y el robo, demostró que las pérdidas de bienestar de estas distorsiones superaban con creces la tradicional pérdida de eficiencia de Harberger (Harberger's deadweight loss). Tullock postuló que la gente gasta recursos valiosos para obtener, transferir o defender una renta económica creada artificialmente por la intervención estatal. Posteriormente, Anne Krueger (1974) acuñó formalmente el término Rent-Seeking al estudiar los efectos de las restricciones cuantitativas a la importación en países en desarrollo, revelando cómo los agentes económicos dedicaban considerables recursos al cabildeo y a la influencia política para asegurar cuotas de importación, en lugar de destinarlos a la producción de bienes o servicios.

La renta económica en este contexto es crucial. No se trata de una ganancia justa y legítima obtenida a través de la competencia schumpeteriana o del valor añadido generado por la innovación y la gestión eficiente de riesgos (Schumpeter, 1942/2003). Por el contrario, es un beneficio extra o una ganancia monopolística derivada de la manipulación del entorno político o regulatorio. Esta renta se obtiene desviando la riqueza existente, lo que George Stigler (1971) ya había anticipado al formalizar la Teoría de la Captura Reguladora, argumentando que las industrias bien organizadas "demandan" regulación que les confiere ventajas como barreras de entrada, y los políticos/burócratas la "suministran" a cambio de apoyo político o material.

2.1.1.- La Perspectiva Social y la Pérdida de Bienestar

Desde una perspectiva social y macroeconómica, los recursos invertidos en la búsqueda de rentas son esencialmente un despilfarro improductivo. El cabildeo, las contribuciones de campaña, los gastos legales para influir en la legislación y la vasta burocracia corporativa dedicada a la política regulatoria no generan nueva riqueza; simplemente realinean los flujos de ingresos a favor de los rentistas. Estos recursos, desviados de actividades productivas como la Investigación y Desarrollo (I+D), la mejora de la eficiencia operativa o la formación de capital, constituyen una pérdida de bienestar social (deadweight loss) para la economía en su conjunto (Tullock, 1967).

De hecho, los costos sociales de la búsqueda de rentas pueden ser notablemente mayores que las pérdidas tradicionales de eficiencia asociadas a un monopolio (el famoso triángulo de Tullock). El costo no es solo el menor volumen de producción resultante del poder de mercado, sino también el costo total de los recursos utilizados para crear y mantener ese poder de mercado a través del sistema político. Como señala Jagdish Bhagwati (1982), el Rent-Seeking es un factor central en la desaceleración del crecimiento económico, ya que transforma a los emprendedores más talentosos en cabilderos, invirtiendo su ingenio en la influencia política en lugar de la innovación de mercado.

2.1.2.- Mecanismos de Obtención de Rentas y la Crítica al Privilegio

El amiguismo se instrumentaliza a través de diversos mecanismos de obtención de rentas, todos los cuales sirven para minar la competencia y reforzar la posición de las empresas establecidas.

2.1.2.1.- Monopolios y Oligopolios a través de Regulaciones y Licencias

Un mecanismo central de la búsqueda de rentas es la creación de barreras de entrada artificiales disfrazadas de preocupación por el interés público. Esto se logra mediante regulaciones a medida y, de manera notable a nivel sub-nacional, por medio de las licencias ocupacionales (Mitchell, 2012).

• Licencias Ocupacionales como Barreras: El aumento exponencial en la exigencia de licencias para profesiones que van más allá de aquellas con riesgos genuinos para la salud o la seguridad (como peluqueros, floristas o técnicos de uñas) demuestra la captura regulatoria en acción. Estos requisitos (largos períodos de formación, tasas elevadas, requisitos de residencia) no suelen correlacionarse con la seguridad del consumidor, sino que actúan como una estrategia de las empresas establecidas para restringir la oferta de mano de obra y protegerse de la competencia de los recién llegados. El trabajo de Morris M. Kleiner (2006) documenta cómo las licencias ocupacionales conducen a salarios más altos para los profesionales licenciados, pero a expensas de los consumidores (precios más altos) y de los potenciales trabajadores (oportunidades limitadas). Desde la perspectiva crítica, este mecanismo es un ejemplo paradigmático de cómo un supuesto Estado amigo de Empresas utiliza el poder regulatorio para la exclusión económica, favoreciendo a una minoría de rentistas.

• Regulación como Arma Competitiva: Las grandes empresas, con sus vastos departamentos legales y recursos financieros, a menudo cabildean por regulaciones complejas que, aunque nominalmente se aplican a todos, tienen un costo de cumplimiento desproporcionadamente mayor para las pequeñas y medianas empresas o start-ups (Mitchell, 2012). Esto es una aplicación directa de la teoría de la captura, donde la regulación se convierte en un arma competitiva que eleva los costos marginales de los rivales, consolidando así el dominio del mercado por parte de las corporaciones establecidas.

2.1.2.2.- Subsidios, Créditos Fiscales y Préstamos Blandos: La Privatización del Beneficio

El segundo mecanismo fundamental del amiguismo es la transferencia directa o indirecta de riqueza de los contribuyentes a empresas específicas: subsidios, créditos fiscales selectivos y préstamos gubernamentales a bajo interés o garantizados.

• Socialización de Costos, Privatización de Beneficios: Este mecanismo es la manifestación más visible de la máxima del capitalismo de amiguetes: "socializar los costos mientras se privatizan los beneficios." El riesgo financiero de proyectos específicos es trasladado a las arcas públicas (contribuyentes) a través de garantías o préstamos blandos, mientras que las ganancias quedan en manos de los accionistas de la empresa favorecida. El trabajo de Murray L. Weidenbaum (1995) sobre las intervenciones gubernamentales en la economía subraya cómo tales favores distorsionan las señales del mercado y fomentan la toma de riesgos imprudentes, sabiendo que el gobierno actuará como un "asegurador de último recurso."

• La Injusticia Fundamental del Favoritismo: Desde una perspectiva de la economía del bienestar y la ética pública, el otorgamiento de tales favores viola el principio fundamental de imparcialidad del gobierno (Rawls, 1971). Se utiliza el poder coercitivo del Estado (la capacidad de recaudar impuestos) para beneficiar a unos pocos elegidos. Los críticos, como Randall G. Holcombe (2015), argumentan que la existencia misma de la capacidad estatal para ofrecer estos favores (el poder de intervención) es la raíz del problema, ya que convierte al gobierno en un actor central en la distribución de la riqueza y el ingreso, incentivando a los agentes económicos a invertir en influencia política en lugar de eficiencia económica.

2.2.- La Teoría de la Elección Pública y la Captura Reguladora

La articulación de una crítica rigurosa contra el capitalismo de amiguetes y el concepto de un Estado amigo de Empresas requiere necesariamente la lente analítica de la Teoría de la Elección Pública (Public Choice Theory). Esta escuela de pensamiento, que aplica la metodología de la economía neoclásica —principalmente el supuesto de la maximización racional de la utilidad— al análisis de las decisiones políticas y gubernamentales, proporciona el marco intelectual para entender por qué las instituciones diseñadas teóricamente para servir al "interés público" a menudo terminan sirviendo a intereses especiales y concentrados (Buchanan, 2003). Autores como James Buchanan, galardonado con el Premio Nobel, Gordon Tullock y George Stigler son pilares fundamentales para deconstruir la narrativa de un Estado benevolente.

2.2.1.- El Postulado del Homo Economicus Político y el Replanteamiento del Gobierno

El punto de partida revolucionario de la Elección Pública, tal como se establece en obras seminales como The Calculus of Consent de James M. Buchanan y Gordon Tullock (1962/1999), es el Postulado del Homo Economicus Político. Este postulado rechaza la visión idealizada del gobierno como un agente monolítico y altruista que busca desinteresadamente la maximización del bienestar social. En cambio, la teoría postula que los actores gubernamentales —políticos, burócratas, reguladores— son maximizadores de utilidad racionales, al igual que los agentes en el mercado. Sus objetivos incluyen la reelección, la ampliación de su poder discrecional, el aumento de sus presupuestos (como argumenta William Niskanen en su modelo de la burocracia, 1971), o el bienestar personal post-servicio a través de la "puerta giratoria" (revolving door).

Este enfoque genera una profunda línea crítica hacia el Estado. Si los políticos buscan principalmente los votos y los burócratas los presupuestos, se crea una oferta endógena de privilegios que responde a la demanda de rentas por parte de los grupos de interés. El político tenderá a favorecer políticas cuyos beneficios están altamente concentrados (y por lo tanto son políticamente rentables en términos de apoyo financiero o votos de un grupo bien organizado), mientras que sus costos están ampliamente dispersos entre el público en general (lo que reduce la probabilidad de una oposición organizada y costosa). El amiguismo, con sus subsidios concentrados y sus costes fiscales dispersos, es la manifestación perfecta de esta dinámica (Tullock, 1967).

2.2.2- La Captura Reguladora: Cuando la Regulación se Convierte en Propiedad

La extensión más influyente de la Elección Pública en el análisis del amiguismo es la Teoría de la Captura Reguladora, desarrollada por George J. Stigler (1971). Stigler demostró que, lejos de ser un defensor neutral del consumidor, la agencia reguladora tiende a ser capturada por las mismas industrias que supuestamente debe supervisar y restringir.

La lógica de Stigler se basa en la asimetría de los incentivos para la acción colectiva. Los beneficios de la regulación (por ejemplo, licencias restrictivas, control de precios, subsidios a la producción) están altamente concentrados en un número pequeño de empresas dentro de la industria regulada. Estas empresas tienen un incentivo financiero enorme y concentrado para invertir en cabildeo y en la formación de grupos de interés efectivos que influyan en el proceso regulatorio. Por el contrario, los costos de la regulación (precios más altos, menor innovación) están dispersos entre millones de consumidores, lo que les confiere un bajo incentivo (racionalmente hablando) para organizarse y oponerse a la regulación. Como observó Mancur Olson (1965) en The Logic of Collective Action, los grupos pequeños y concentrados tienen una ventaja inherente sobre los grupos grandes y difusos para la movilización política.

Bajo este marco, la regulación se convierte en una mercancía: es demandada por las industrias para obtener ventajas competitivas (barreras de entrada, protección contra la competencia) y es suministrada por los reguladores y políticos a cambio de apoyo político y financiero. Por lo tanto, el amiguismo florece porque las reglas del juego son, de hecho, el producto de un proceso político-económico, no un conjunto de principios imparciales. Esta perspectiva es fundamentalmente crítica con el Estado, ya que lo identifica no como la solución a las fallas del mercado, sino como la fuente endógena de las fallas políticas y las distorsiones económicas más costosas.

2.2.3.- La Falsedad Conceptual del "Estado Amigo de Empresas"

La conclusión inevitable que se deriva de la Teoría de la Elección Pública y la Búsqueda de Rentas es la falsedad conceptual del "Estado amigo de Empresas" (pro-business state). Un Estado que concede subsidios y privilegios selectivos no es amigo de la libre empresa o del capitalismo de mercado; es un Estado capturado que facilita la extracción de rentas por parte de grupos de interés bien organizados y conectados.

Como sostiene Matthew Mitchell (2012) en The Pathology of Privilege, el favoritismo gubernamental crea una mala asignación de recursos que tiene consecuencias macroeconómicas devastadoras. Los recursos y el talento se desvían de la producción y la innovación hacia el Rent-Seeking político. Esto frena el crecimiento económico a largo plazo, ya que las inversiones se dirigen a donde se pueden obtener rentas artificiales, en lugar de donde se puede generar valor genuino y eficiencia (Mitchell, 2012). El Estado, al actuar como un distribuidor de privilegios, socava la competencia abierta y la destrucción creativa (Schumpeter, 1942/2003), protegiendo a las empresas menos eficientes que son políticamente influyentes de la presión del mercado.

La línea crítica se intensifica con la noción de la legitimidad institucional. El amiguismo erosiona la confianza pública en la justicia del sistema económico y político. Cuando la ciudadanía percibe que el éxito corporativo depende de la conexión en lugar de la competencia, la legitimidad tanto del gobierno como del sector privado se ve seriamente comprometida, sentando las bases para el descontento social y las demandas populistas de intervenciones aún más intrusivas. Buchanan (2003) advertía que un sistema político que permite y fomenta la búsqueda de rentas puede volverse moralmente indefendible.

En última instancia, el Estado amigo de Empresas es, en realidad, el enemigo de la competencia. Se convierte en un mecanismo para que el capital político prevalezca sobre el capital productivo, perpetuando un ciclo de ineficiencia, injusticia y corrupción que compromete el potencial de prosperidad de la nación.

2.3.- La Crítica Progresista: Kolko y Nader

La crítica estructural al capitalismo de amiguetes y la consecuente condena del concepto de un Estado amigo de Empresas no es una preocupación exclusiva de las escuelas de pensamiento favorables al libre mercado, como la Escuela de Chicago o el Libertarismo. De hecho, se observa una poderosa y a menudo ignorada convergencia crítica proveniente de académicos con orientación política de izquierda o progresista. Esta alianza intelectual refuerza el argumento de que la intervención gubernamental en forma de regulación y favores especiales es, frecuentemente, una fuerza destructiva para la genuina competencia y el bienestar social, sirviendo para consolidar el poder de las corporaciones establecidas.

2.3.1.- La Tesis de Kolko y el Triunfo del Conservadurismo Corporativo

El historiador revisionista de izquierda Gabriel Kolko, en su influyente obra El triunfo del conservadurismo: una reinterpretación de la historia estadounidense, 1900-1916 (1963), proporcionó una de las críticas más incisivas y detalladas a la creencia de que la Era Progresista en Estados Unidos representó una victoria del interés público sobre el poder corporativo. Kolko documentó meticulosamente cómo la regulación federal impuesta durante ese período, lejos de ser un movimiento popular para controlar a las grandes corporaciones, fue en gran medida diseñada, impulsada y acogida por esas mismas corporaciones.

La tesis de Kolko postula que las principales empresas, enfrentadas a la competencia feroz y la inestabilidad de precios que caracterizaban a los mercados de principios del siglo XX, buscaron activamente la intervención estatal como un medio para estabilizar sus mercados, garantizar la homogeneidad de las prácticas y, crucialmente, eliminar la competencia de las empresas más pequeñas e innovadoras. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Ley Clayton, por ejemplo, se convirtieron en herramientas utilizadas por los líderes de la industria para legitimar sus estructuras de precios y excluir a los competidores, consolidando así su poder oligopólico. Kolko demostró que la regulación a menudo benefició directamente a las grandes empresas a expensas de la competencia real y del interés general de los consumidores. Su trabajo es una crítica demoledora al mito de la benevolencia estatal, alineándose con la Teoría de la Captura Reguladora de George Stigler (1971), aunque Kolko llegó a conclusiones similares a través del análisis histórico marxista, centrándose en el poder de la clase dominante, en lugar del análisis de incentivos individuales de la Elección Pública.

2.3.2.- Nader y Green: La Regulación como Escudo Anticompetencia

Esta perspectiva crítica se proyectó hacia la segunda mitad del siglo XX a través de figuras del movimiento de defensa del consumidor. Ralph Nader y Mark Green (1973), en su artículo "Economic Regulation vs. Competition: Uncle Sam the Monopoly Man" ("Regulación Económica vs. Competencia: El Tío Sam, el Hombre del Monopolio"), argumentaron que la regulación gubernamental de la economía, a pesar de sus nobles intenciones declaradas de proteger al consumidor, terminaba invariablemente beneficiando a las grandes empresas y socavando el mecanismo esencial de la competencia.

Nader y Green proporcionaron ejemplos contemporáneos de cómo las agencias reguladoras, supuestamente destinadas a garantizar la seguridad o la calidad, utilizaban su poder para restringir la entrada de nuevos competidores, fijar precios mínimos o limitar la innovación en servicios. En el sector del transporte, por ejemplo, la Junta de Aeronáutica Civil (CAB) en Estados Unidos, creada para regular las aerolíneas, se convirtió en una guardiana de facto de las empresas establecidas, impidiendo que nuevas aerolíneas entraran en rutas rentables u ofrecieran precios más bajos. Esta crítica de Nader y Green, proveniente de un activismo progresista, fue fundamental para crear un consenso transversal que, en las décadas de 1970 y 1980, impulsó la desregulación (parcial) de varias industrias clave, incluyendo la de las aerolíneas bajo el gobierno de Carter. La Ley de Desregulación de Aerolíneas de 1978 es quizás el ejemplo más tangible de cómo las ideas que veían la regulación como una fuente de privilegios, independientemente de su origen ideológico, podían traducirse en políticas de apertura de mercado con beneficios para el consumidor (p. ej., precios más bajos y mayor variedad de rutas).

2.3.3.- La Profundidad del Problema: De la Renta Política al Estancamiento

La convergencia de estas críticas subraya un punto crucial en el análisis del capitalismo de amiguetes: la intervención gubernamental discrecional constituye el terreno fértil sobre el que florece la búsqueda de rentas. Ya sea que se analice a través de la lente histórica de Kolko, la economía política de Stigler, o el activismo de Nader, el resultado es el mismo: el Estado, al arrogarse el poder de asignar recursos y controlar el acceso al mercado, se convierte en un objeto de captura y en un distribuidor de privilegios.

El economista Mancur Olson (1982), en su obra The Rise and Decline of Nations, añadió una capa de análisis al argumentar que la proliferación de coaliciones distributivas (grupos de interés, lobbies) con el tiempo crea una rigidez institucional y una esclerosis económica. Estos grupos, al buscar rentas a través de la regulación y los favores, ralentizan la capacidad de la economía para asignar recursos de manera eficiente y adaptarse a nuevas tecnologías y condiciones. Así, la acumulación de privilegios otorgados por un supuesto Estado amigo de Empresas culmina en un estancamiento macroeconómico que perjudica la prosperidad general.

En última instancia, la crítica al amiguismo es, por tanto, una crítica a la concesión de poder discrecional al gobierno para favorecer a unos pocos. Esta crítica une a libertarios como Matthew Mitchell (2012), quienes condenan el favoritismo como una violación de la imparcialidad; a los economistas de la Elección Pública como Gordon Tullock y Anne Krueger (1974), quienes cuantifican los costos de la búsqueda de rentas; y a los progresistas/historiadores revisionistas como Gabriel Kolko y Ralph Nader, quienes desenmascararon la regulación como un instrumento de poder corporativo. La intervención gubernamental en forma de favores especiales no es un defecto menor del mercado, sino una fuerza estructuralmente destructiva que pervierte la lógica competitiva y la ética pública, haciendo del "Estado amigo de Empresas" el enemigo de la libre competencia y del ciudadano.

3.- El Impacto Destructivo del Amiguismo en la Economía y la Competencia

3.1.- Distorsión de la Competencia y la Asignación de Recursos

El capitalismo de amiguetes no solo representa una falla ética del sistema político, sino que constituye una falla de mercado inducida por el Estado, introduciendo una profunda injusticia y una sistemática distorsión económica que comprometen la dinámica competitiva y el crecimiento a largo plazo. La crítica fundamental reside en que, al otorgar subsidios, exenciones fiscales o ventajas regulatorias a empresas específicas, el gobierno abandona su rol esencial de árbitro neutral e incumple su obligación de tratar a todos los agentes económicos con imparcialidad (Mitchell, 2012). Este favoritismo convierte al Estado, bajo la ilusión de ser "amigo de las empresas", en un instrumento de privilegio, donde la justicia conmutativa del mercado es reemplazada por la arbitrariedad política.

3.1.1.- La Ventaja Competitiva Artificial y el Daño a la Imparcialidad

Las empresas que son receptoras de la generosidad estatal obtienen inmediatamente una ventaja competitiva artificial que no se deriva de la eficiencia marginal, la calidad del producto o la innovación disruptiva, sino directamente de la influencia política (Holcombe, 2015). Esta ventaja se traduce en una capacidad superior para reducir costos o aumentar ingresos sin mejorar la producción. Por ejemplo, una exención fiscal permite a una empresa vender al mismo precio con un margen de ganancia superior, o vender a un precio inferior manteniendo el margen, lo que es inalcanzable para un competidor no favorecido que debe pagar la tasa impositiva completa. Este mecanismo castiga injustamente a los competidores desfavorecidos o a los potenciales entrantes, quienes deben enfrentar costos operativos más altos o barreras regulatorias infranqueables, ya que deben competir con un rival cuyo coste de capital o coste operativo ha sido artificialmente subsidiado por el tesoro público.

Desde una perspectiva filosófica, el liberalismo clásico, defendido por autores como John Locke (1689/1980) y más tarde por F. A. Hayek (1960/2011), sostiene que el principio fundamental del Estado de Derecho es que el gobierno debe aplicar leyes generales e imparciales que no hagan distinción de personas o grupos. El amiguismo viola este principio cardinal, reemplazando la Ley por el Favor Discrecional, un concepto que Ludwig von Mises (1949/1996) condenó como contrario a la esencia misma de una economía de mercado, pues introduce la incertidumbre política como factor determinante del éxito o fracaso empresarial. La existencia de un Estado amigo de Empresas que opera con discrecionalidad introduce un riesgo moral generalizado, ya que el valor de una empresa pasa a estar ligado a la permanencia de sus conexiones políticas más que a su valor económico intrínseco.

3.1.2.- Misasignación de Capital y el Desperdicio Social de la Búsqueda de Rentas

Quizás la consecuencia más dañina del amiguismo a nivel agregado sea la misasignación de capital y el desperdicio de talento que se genera. En un entorno donde el éxito se obtiene en los despachos gubernamentales, el capital y el talento empresarial se desvían activamente de proyectos genuinamente productivos para financiar actividades de búsqueda de rentas (Rent-Seeking).

El trabajo de Michael Munger y Mario Villarreal-Diaz (2019) profundiza en este dilema: la decisión de una empresa de invertir en un lobby costoso o en contribuciones de campaña, en lugar de en Investigación y Desarrollo (I+D) o en la optimización de procesos, se vuelve perfectamente racional desde la óptica de la maximización de beneficios individual en un entorno de amiguismo. Sin embargo, desde una perspectiva social, esta inversión es derrochadora y constituye un costo social neto, ya que no se crea valor nuevo, sino que simplemente se transfieren o se defienden rentas (Tullock, 1967). Si los ingenieros más brillantes de una empresa son asignados a desentrañar el código regulatorio en lugar de diseñar el próximo producto innovador, la sociedad pierde el beneficio potencial de esa innovación.

Esta misasignación tiene un efecto corrosivo sobre el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), la métrica clave del progreso económico a largo plazo. Los estudios de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012) en Why Nations Fail demuestran que las instituciones económicas extractivas, aquellas que permiten a una élite política y empresarial obtener rentas a costa del resto de la sociedad (esencialmente, el amiguismo institucionalizado), son la causa fundamental del fracaso del desarrollo. Las economías dominadas por el amiguismo son inherentemente inclusivas en la política (permitiendo el juego de la influencia), pero extractivas en la economía, estrangulando las instituciones económicas inclusivas que son necesarias para fomentar la innovación generalizada y la inversión productiva.

3.1.3.- El Contraste Histórico: La Lección de los Emprendedores Sin Subsidios

El análisis teórico de las distorsiones del amiguismo encuentra su confirmación más poderosa en el contraste histórico entre empresas que prosperaron por su mérito y aquellas que sobrevivieron gracias al patrocinio estatal. El historiador Burton W. Folsom Jr. (2008), en su obra The Myth of the Robber Barons, presenta ejemplos que sirven como una crítica empírica al modelo del Estado amigo de Empresas.

Los casos de James J. Hill con el Great Northern Railroad y el Comodoro Cornelius Vanderbilt en el negocio de los barcos de vapor son emblemáticos. Hill construyó y operó el único ferrocarril transcontinental sin recibir subsidios federales de tierras o préstamos gubernamentales, a diferencia de sus competidores, como la Northern Pacific, que fueron engordados con favores. El éxito de Hill no fue casual; al carecer de la red de seguridad del contribuyente, Hill se vio obligado a construir sus rutas con una disciplina de mercado rigurosa, tendiendo las vías solo donde la demanda era real y asegurándose de que su negocio prosperara solo si sus clientes (los agricultores) también prosperaban. Este imperativo lo llevó a invertir en la educación agrícola de sus clientes, demostrando una integración vertical socialmente beneficiosa que sus rivales subsidiados, plagados de ineficiencia y corrupción debido a la falta de presión de costos, no replicaron. La mayoría de los ferrocarriles subsidiados colapsaron durante el pánico de 1873; el Great Northern de Hill no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un modelo de rentabilidad y eficiencia.

De manera similar, Cornelius Vanderbilt forjó su fortuna en el transporte marítimo al competir implacablemente con rivales subsidiados y monopolísticos (como la línea de Robert Fulton, que disfrutaba de un monopolio estatal en Nueva York). Vanderbilt innovó constantemente en el diseño de los barcos y en la reducción de costos, ofreciendo un servicio más rápido y, crucialmente, más barato para el público. Mientras que sus rivales dependientes de los subsidios se hundieron en la incompetencia y el despilfarro (como el transatlántico de Edward Collins, que gastó excesivamente en lujo ineficiente, confiando en la ayuda estatal), Vanderbilt declaró que su prosperidad era el "resultado directo de un comercio sin trabas y una competencia sin restricciones".

La lección histórica es clara y devastadora para el concepto de un Estado amigo de Empresas: el apoyo político no solo fomenta la ineficiencia y la complacencia en las empresas favorecidas (reduciendo su incentivo a la innovación y a la gestión prudente del riesgo), sino que también distorsiona el proceso de selección natural del mercado. La falta de ayuda, por el contrario, obliga a los emprendedores a innovar, a reducir costos y a servir verdaderamente a sus clientes para sobrevivir, lo que resulta en una mayor prosperidad social agregada de lo que un sistema de privilegios podría jamás lograr. El Estado amigo de Empresas no es más que el artífice de un capitalismo rentista que castiga al eficiente y premia al bien conectado.

3.2.- Barreras de Entrada y el Freno a la Innovación

Una de las consecuencias más perniciosas y estructuralmente dañinas del capitalismo de amiguetes es su capacidad para erigir barreras de entrada artificiales que, en última instancia, sofocan la innovación, congelan la competencia y condenan a la economía al estancamiento productivo (Mitchell, 2012). El supuesto Estado amigo de Empresas manipula el entorno regulatorio para proteger a la élite corporativa establecida, actuando como un custodio de privilegios en lugar de un árbitro de la competencia. El resultado es una profunda falla institucional que distorsiona la dinámica de la oferta, perjudica al consumidor y reduce significativamente el crecimiento económico potencial.

3.2.1.- El Problema de la Captura Sub-Nacional: Las Licencias Ocupacionales como Monopolios Virtuales

El mecanismo más extendido y sutil para crear estas barreras se observa a nivel sub-nacional (provincial y municipal) a través del crecimiento exponencial de las licencias ocupacionales. Por ejemplo, desde la década de 1950, el porcentaje de la fuerza laboral estadounidense que requiere una licencia para ejercer ha escalado dramáticamente, cubriendo actualmente a cerca de un tercio de los trabajadores (Carpenter et al., 2018). Este fenómeno no es meramente administrativo; es una manifestación clara de la Captura Reguladora a pequeña escala.

La crítica fundamental, desarrollada por economistas como Morris M. Kleiner (2006), es que una gran parte de estos requisitos de licencia son onerosos (exigen cientos o miles de horas de formación, tasas elevadas y largos periodos de aprendizaje) y no tienen una relación demostrable con la seguridad o la salud del consumidor. En cambio, actúan como barreras de entrada artificiales, confiriendo a las empresas ya establecidas un monopolio virtual sobre la oferta de servicios. El objetivo de las asociaciones profesionales y los incumbentes es restringir la oferta de mano de obra y protegerse de la competencia de precios de los nuevos aspirantes, incluidos aquellos con experiencia de otros estados o formación no tradicional. Kleiner (2006) y The Council of Economic Advisers (2015) han demostrado que las licencias aumentan los precios al consumidor y los salarios de los licenciados (una renta extra), pero a costa de reducir las oportunidades laborales para los no licenciados, siendo las minorías, los inmigrantes y los de bajos ingresos los más afectados por esta restricción artificial de la movilidad económica. La licencia ocupacional, bajo el prisma crítico del amiguismo, no es una medida de seguridad pública, sino un mecanismo de Rent-Seeking para extraer riqueza de los consumidores y de los trabajadores excluidos.

3.2.2.- La Protección de la Ineficiencia y la Neutralización de la Destrucción Creativa

El efecto del amiguismo sobre la dinámica corporativa y la innovación es quizás el más corrosivo. Las empresas que obtienen favores especiales, ya sean subsidios, aranceles protectores o regulaciones a medida, son protegidas de la presión disciplinaria del mercado que exige eficiencia y adaptabilidad. El amiguismo, en esencia, neutraliza el proceso de Destrucción Creativa de Joseph Schumpeter (1942/2003).

Schumpeter argumentaba que el capitalismo progresa a través de "ráfagas de destrucción creativa," donde las nuevas empresas, tecnologías e innovaciones reemplazan y destruyen a las estructuras, modelos de negocio y empresas antiguas e ineficientes. El amiguismo interviene directamente en este proceso evolutivo al establecer mecanismos de apoyo estatal para las empresas menos eficientes y más consolidadas (Mitchell, 2012). Al garantizar la supervivencia de los incumbentes a través de la política en lugar del rendimiento, el Estado amigo de Empresas retrasa la necesaria reasignación de capital y mano de obra a sectores más productivos y dinámicos. Esto no solo preserva empresas que deberían desaparecer, sino que desincentiva la audacia y la inversión radical de los potenciales disruptores, quienes saben que sus nuevos modelos de negocio se enfrentarán no solo a la competencia de mercado, sino también a la fuerza política de los rentistas atrincherados.

Aunque los datos indican que la vida útil promedio de las grandes empresas que cotizan en el S&P 500 ha disminuido notablemente, lo que sugiere que la disrupción tecnológica global impone límites a la supervivencia de los gigantes incluso con amiguismo (Credit Suisse, 2015), esto no mitiga el problema. El amiguismo sigue siendo un problema grave a nivel de industrias locales, regiones menos expuestas a la globalización, y en aquellos sectores donde la regulación es intensa (energía, finanzas, agricultura). En estos ámbitos, la influencia política opera como una prima de seguro contra la obsolescencia. Como señalaron Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012), la élite atrincherada usará su control político para bloquear la adopción de nuevas tecnologías que amenacen sus rentas (el "miedo a la destrucción creativa"), frenando el progreso del país.

3.2.3.- La Reducción de la Productividad Agregada y la Prosperidad No Realizada

El impacto acumulativo de las barreras de entrada y la neutralización de la destrucción creativa se manifiesta directamente en la reducción de la productividad agregada y del crecimiento económico potencial.

La productividad es el motor fundamental de la mejora del nivel de vida. Cuando el amiguismo favorece a los menos eficientes y desincentiva la inversión en I+D productiva (desviando el capital hacia el cabildeo), la tasa de crecimiento de la PTF se desacelera. Los estudios de Robert E. Lucas Jr. (1988) sobre los motores del crecimiento económico endógeno enfatizaron el papel del capital humano y la innovación tecnológica. El amiguismo obstaculiza ambos: restringe la movilidad del capital humano (licencias) y desincentiva la inversión en innovación (protegiendo a los ineficientes).

El costo del privilegio es, en palabras de Mitchell (2012), la "prosperidad no realizada": la riqueza que la sociedad podría haber creado en un entorno competitivo y meritocrático, pero que se pierde debido a la mala asignación de recursos y a las rentas políticas. El economista Frederic S. Mishkin (2016) subraya que un sistema financiero sano debe canalizar el ahorro hacia sus usos más productivos, un proceso que se frustra cuando las decisiones de inversión están sesgadas por la influencia política. En este sentido, el Estado amigo de Empresas no solo es injusto, sino que es económicamente subóptimo, generando un déficit crónico de crecimiento y oportunidades que paga la sociedad en su conjunto. La vigilancia contra la creación de estas barreras no es solo una preocupación de justicia, sino un imperativo macroeconómico para salvaguardar la capacidad productiva de la nación.

3.3.- Corrupción y Erosión de la Legitimidad

La patología económica del capitalismo de amiguetes se traduce directamente en una grave enfermedad política y social: la corrupción institucionalizada. El concepto de Estado amigo de Empresas culmina en un sistema donde el éxito y la supervivencia corporativa se desvinculan del mérito económico —es decir, la capacidad de servir al consumidor a precios competitivos— y se anclan en la influencia política (Mitchell, 2012). Esta dependencia genera un círculo vicioso de corrupción que distorsiona la democracia y mina los cimientos de la libre empresa.

3.3.1.- El Ciclo Vicioso del Amiguismo y la Corrupción Endógena

El amiguismo opera como un poderoso motor de corrupción al crear un mercado de influencias altamente eficiente. Este mercado funciona bajo un principio de intercambio ilícito de valor: las empresas inyectan recursos en el sistema político (a través de contribuciones de campaña, financiación de think tanks, o costosos gastos de cabildeo) con el objetivo explícito de asegurar favores gubernamentales discretos (subsidios, monopolios, regulaciones ventajosas); a cambio, los políticos y burócratas otorgan dichos favores para asegurar las contribuciones continuas y el apoyo necesario para mantener o expandir su poder (Mitchell, 2012).

Este ciclo no es incidental; es endógeno al sistema político-económico. La Teoría de la Búsqueda de Rentas (Tullock, 1967; Krueger, 1974) explica la demanda de privilegios, mientras que la Teoría de la Elección Pública (Buchanan & Tullock, 1962/1999) explica la oferta. La existencia misma del poder discrecional estatal para conceder o negar estas rentas (por ejemplo, mediante la Captura Reguladora de Stigler, 1971) es lo que garantiza la rentabilidad de la inversión en influencia política. El Rent-Seeking se metamorfosea así en corrupción política, entendida en un sentido amplio como el abuso de la función pública para beneficio privado. El recurso financiero invertido por las corporaciones no es un gasto en I+D o capital, sino un costo de transacción política para asegurar ganancias extraordinarias. Este proceso desvía el enfoque de los directivos de la producción y la innovación hacia la gestión de relaciones políticas, creando lo que Holcombe (2015) denomina Capitalismo Político, donde la riqueza se acumula a través de conexiones, no de la creación de valor.

La sofisticación del amiguismo lo distingue de la corrupción directa o el soborno flagrante. La corrupción en el amiguismo a menudo es legal —se manifiesta a través de los límites aceptados de la financiación de campañas o el lobbying—, pero es profundamente inmoral e institucionalmente corruptora (Rose-Ackerman, 1999). Es la privatización de la política pública: las decisiones regulatorias que afectan a toda la economía son cooptadas para servir a intereses particulares y concentrados, a menudo sin violar la letra de la ley. Un ejemplo claro es el fenómeno de la "puerta giratoria" (revolving door), donde exfuncionarios gubernamentales con conocimiento privilegiado y acceso directo a sus antiguos colegas son contratados por las empresas que antes regulaban, maximizando el valor de la conexión política para fines privados.

3.3.2.- Erosión de la Legitimidad y Descapitalización Social

Las consecuencias más destructivas del amiguismo no son solo económicas (misasignación de recursos), sino también políticas y sociales. El ciclo de favores genera una pérdida aguda de confianza pública que erosiona la legitimidad tanto del gobierno como del sector privado.

3.3.2.1.- La Corrosión del Contrato Social y el Auge del Populismo Económico

La pérdida de legitimidad gubernamental es una consecuencia directa e ineludible del amiguismo. Cuando la ciudadanía es testigo de manera recurrente de cómo las políticas públicas —desde rescates financieros multimillonarios (bailouts), hasta la concesión de subsidios a la energía, pasando por la elaboración de regulaciones ambientales con exenciones específicas— benefician desproporcionadamente a los donantes de campaña y a los cabilderos bien conectados, la fe en la equidad del sistema democrático se resquebraja (Mitchell, 2012). El electorado percibe, con una exactitud que rara vez se reconoce en el discurso político, que el sistema no opera para asegurar el interés público o el bien común, sino para servir a una oligarquía de intereses especiales (Acemoglu & Robinson, 2012). Esta percepción no es un simple malestar; es una crisis de confianza que cuestiona la propia razón de ser de la autoridad estatal.

Esta sensación generalizada de que el sistema está amañado alimenta inexorablemente el cinismo político, creando un terreno fértil para el ascenso del populismo económico. Como señala Frederic S. Mishkin (2016), el descontento popular con las élites económicas y políticas se canaliza a través de líderes que, con retórica divisiva, prometen desmantelar las élites existentes y reformar el sistema. Sin embargo, la trayectoria histórica de tales movimientos a menudo revela una sustitución del antiguo amiguismo por un nuevo amiguismo: se reemplaza una élite rentista por otra, pero se mantiene intacta o incluso se amplía la estructura de poder discrecional del Estado, que es la verdadera causa raíz de la búsqueda de rentas (Holcombe, 2015). El problema no radica en quién se beneficia, sino en la existencia del poder estatal para conceder tales beneficios. La crisis de legitimidad, por lo tanto, no conduce necesariamente a una reforma estructural, sino a una reconfiguración de las élites rentistas, lo que prolonga el ciclo de la decepción y el descontento popular.

El trabajo de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012) enfatiza que la persistencia de instituciones económicas extractivas —aquel conjunto de reglas que permiten a una élite apropiarse de las rentas creadas por el resto de la sociedad, lo que es la definición operativa del amiguismo— es la causa fundamental del estancamiento y la pobreza. Estas instituciones, al negar la igualdad de oportunidades y recompensar la conexión política sobre el mérito, erosionan la base de la estabilidad política a largo plazo, haciendo que la transición a instituciones económicas inclusivas (aquellas que promueven la competencia y la innovación) sea extremadamente difícil.

3.3.2.2.- El Deterioro del Capitalismo de Mercado y la Destrucción de la Confianza

La contaminación política generada por el amiguismo se extiende para dañar fatalmente la imagen y la justificación moral del capitalismo de mercado. La percepción generalizada es que el sistema económico no opera como un campo de juego nivelado regido por el mérito, el riesgo y la innovación, sino como un club de privilegiados que se benefician de rentas garantizadas por el Estado.

Esta confusión es crítica: el público deja de distinguir entre el capitalismo libre y competitivo (basado en el valor añadido y el servicio al consumidor) y el capitalismo de amiguetes (basado en la extracción de rentas y la manipulación política) (Mitchell, 2012). Los críticos del mercado y los ideólogos anti-capitalistas explotan hábilmente los abusos del amiguismo (rescates bancarios, exenciones fiscales corporativas, monopolios regulatorios) como evidencia irrefutable de que "el capitalismo falla", es "inherentemente injusto" o "funciona sólo para los ricos". Este argumento gana tracción porque el Estado, al actuar como cómplice de los rentistas, proporciona la prueba más convincente de la colusión entre el gran capital y el gobierno. Al socavar esta justificación moral, el amiguismo debilita la voluntad política de defender las instituciones de mercado genuinamente inclusivas que son vitales para el crecimiento económico.

El elemento más devastador de este deterioro es la destrucción de la confianza social o capital social. Francis Fukuyama (1995) subraya en su estudio Trust que la capacidad de las sociedades para generar bienestar económico a gran escala depende crucialmente de la existencia de un alto nivel de confianza recíproca y un profundo sentido de justicia institucional. La confianza reduce los costos de transacción y facilita la cooperación económica. El amiguismo, al demostrar que la conexión política es más valiosa que la eficiencia económica, destruye la fe en la imparcialidad de las reglas y en la integridad de las élites. Cuando los agentes económicos dejan de creer que el éxito se basa en el esfuerzo y comienzan a creer que se basa en el soborno o la influencia legalizada, el capital social de la nación se descapitaliza. Este deterioro del capital social no tiene un precio directo en los balances, pero es el costo más alto y el más difícil de recuperar, ya que socava la cooperación y la inversión a largo plazo.

El trabajo de Samuel Bowles y Herbert Gintis (1998) sobre la economía de la cooperación añade que las instituciones que promueven la equidad percibida y el control democrático son esenciales para mantener los incentivos a la cooperación y el esfuerzo productivo. El amiguismo, al ser la quintaesencia de la inequidad percibida, no solo extrae rentas, sino que desmotiva la inversión y el esfuerzo por parte de aquellos que no están en el círculo interno, conduciendo a lo que los economistas del desarrollo llaman un equilibrio de baja confianza con bajo rendimiento económico. En definitiva, el Estado amigo de Empresas se desenmascara como un régimen que favorece a un puñado de firmas establecidas a costa de la confianza, la justicia y la prosperidad de toda la sociedad.

3.3.3.- La Amenaza a la Cohesión Social y el Orden Liberal

La consecuencia final del amiguismo es la amenaza que representa para el orden liberal y competitivo. Milton Friedman (1970) argumentó que la única responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios dentro de las reglas del juego (competencia abierta y libre, sin fraude). El amiguismo viola esta regla fundamental. Cuando las empresas buscan activamente privilegios que las protegen de la competencia, están actuando de forma antisocial en el sentido friedmaniano, pues minan los cimientos del sistema que les permite operar.

Al polarizar la riqueza y vincularla directamente al poder político, el Estado amigo de Empresas siembra las semillas de la inestabilidad social. Thomas Piketty (2014) destacó la tendencia del capitalismo a la concentración de la riqueza (el famoso r > g). Cuando esta concentración no se justifica por la innovación y el riesgo, sino por la renta política, la respuesta social se vuelve más radical, exigiendo redistribuciones forzadas o intervenciones que pueden ser aún más perjudiciales para la eficiencia económica (Rose-Ackerman, 1999). El amiguismo, por tanto, no solo genera una pérdida de eficiencia, sino que produce una crisis de legitimidad que pone en riesgo el contrato social básico de una economía democrática.

4.- La Responsabilidad Compartida y el Desafío del Cambio

4.1.- ¿Quién es el Principal Impulsor? La Falacia de un Único Culpable

El análisis del capitalismo de amiguetes conduce inevitablemente al espinoso debate sobre la responsabilidad principal de este flagelo económico: ¿recae la mayor culpa en las empresas que activamente buscan los favores, o en el gobierno que posee el poder y la discrecionalidad para concederlos? La respuesta, desde una perspectiva de economía política sofisticada, es que el amiguismo es un fallo institucional complejo que se sostiene sobre una culpabilidad multifacética que involucra al gobierno, a las corporaciones e, incluso, a los votantes. La línea crítica hacia el concepto de Estado amigo de Empresas debe trascender la polarización ideológica y reconocer esta interconexión.

4.1.1.- El Gobierno como Origen de la Renta: El Poder de Intervención y la Obligación de Imparcialidad

Históricamente, la crítica al poder de los intereses especiales sobre la política es antigua, pero el foco en la capacidad del Estado como el origen de las rentas artificiales es un pilar de la moderna Teoría de la Elección Pública.

El argumento central de los defensores del libre mercado, como Matthew Mitchell (2012) y la escuela de Buchanan y Tullock (1962/1999), es que el gobierno es el principal culpable simplemente porque es el único actor con el monopolio de la coacción legítima (Weber, 1922/1978). La capacidad del gobierno para gravar, regular y distribuir la riqueza es lo que crea la renta económica y, por ende, el objetivo primordial de la Búsqueda de Rentas (Rent-Seeking). Si el gobierno no tuviera el poder de intervención discrecional en la economía (subsidios, aranceles, licencias), las empresas no tendrían un incentivo para presionarlo en busca de favores. Por lo tanto, la raíz del problema es el poder acumulado por el Estado que lo transforma en una mina de rentas (Munger & Villarreal-Diaz, 2019).

Crucialmente, el gobierno tiene una obligación moral y constitucional de imparcialidad con sus ciudadanos, un principio fundamental en la filosofía política moderna (Rawls, 1971). Al conceder privilegios selectivos, el Estado viola esta obligación central, sustituyendo el Estado de Derecho por el Estado de Favor. Desde esta perspectiva, la falta del gobierno al ceder su poder a cambio de apoyo político o financiero es un fallo sistémico que precede y habilita la conducta corporativa rentista. Los críticos de la Elección Pública sostienen que, independientemente de quién inicie la interacción, el gobierno es el único que puede modificar las leyes que le permiten intervenir y, por lo tanto, es el único que puede solucionar estructuralmente el problema (Holcombe, 2015).

4.1.2.- La Responsabilidad Corporativa y la Ética de la Competencia Abierta

A pesar de que el gobierno crea el menú de rentas, la responsabilidad de las empresas por la perpetuación del amiguismo no puede ser ignorada. Históricamente, economistas como Adam Smith (1776/1981) ya advertían sobre la inclinación natural de los empresarios a conspirar y presionar al gobierno para obtener ventajas, señalando que los intereses de los comerciantes "casi nunca coinciden con los del público."

La ética empresarial en una economía de mercado, como argumentó Milton Friedman (1970) en su influyente ensayo, exige que las empresas aumenten sus beneficios "dentro de las reglas del juego," las cuales no se limitan a la prohibición del fraude y el engaño. Estas reglas implican, inherentemente, la exigencia de una competencia abierta y libre. El amiguismo es la antítesis de esta competencia, ya que busca obtener una ventaja no por la eficiencia, sino por la manipulación del árbitro. Argumentar que la única obligación de la empresa es maximizar el valor para el accionista sin considerar los medios políticos para lograrlo es ignorar que la búsqueda activa de privilegios viola la base moral y operativa del propio sistema de libre mercado.

Los defensores de la responsabilidad corporativa argumentan que las empresas tienen un deber fiduciario de competir de manera justa. Cuando una empresa cabildea por un subsidio, no está "compitiendo", sino "extrayendo" valor de sus competidores y del contribuyente. Este comportamiento no es solo dañino; es una forma de parasitismo sobre el sistema productivo (Mitchell, 2012). Por lo tanto, aunque el gobierno sea el que sostiene la palanca del poder, la empresa que activamente la presiona para su beneficio particular comparte una culpabilidad moral y económica por la destrucción de la competencia.

4.1.3.- La Racionalidad del Dilema y el Papel del Votante

La complejidad del amiguismo se manifiesta plenamente en el concepto de la racionalidad defensiva y el Dilema del Prisionero empresarial, que ayuda a explicar por qué las empresas, incluso las que preferirían un mercado libre de rentas, participan en el juego político.

4.1.3.1.- El Dilema del Prisionero Empresarial

Como postulan Michael Munger y Mario Villarreal-Diaz (2019), si una empresa actúa moralmente y se abstiene de buscar favores o subsidios (la opción cooperativa), pero sus competidores sí lo hacen (la opción egoísta), la empresa moral corre el riesgo de ser aplastada financieramente por la ventaja artificialmente subsidiada de sus rivales. En un entorno de alto Rent-Seeking, la búsqueda de rentas se convierte en una respuesta racional para la supervivencia de la empresa. Este dilema explica la dificultad del cambio: incluso si la mayoría de los líderes empresariales desean un mercado libre, los incentivos inmediatos de supervivencia los obligan a participar en el juego de la influencia.

4.1.3.2.- La Culpabilidad del Votante

La pieza más a menudo olvidada en la ecuación es el votante. El amiguismo persiste no solo por la connivencia entre el gobierno y la empresa, sino por la ignorancia racional y el interés especial de los votantes (Downs, 1957). Muchos ciudadanos, incluidos votantes progresistas y conservadores, apoyan activamente regulaciones o subsidios que favorecen a "sus" industrias (por ejemplo, el sector militarista, la agricultura familiar, o las empresas de energía "verde"), a menudo bajo la creencia errónea de que estas medidas protegen al consumidor o sirven a la justicia social. El problema es el desconocimiento generalizado sobre cómo las regulaciones y los subsidios a menudo son capturados por las grandes empresas, beneficiando a la élite a expensas de las pequeñas empresas y los consumidores (Stigler, 1971; Kolko, 1963). El votante, al apoyar regulaciones complejas o favores específicos sin comprender la dinámica de la captura, proporciona el mandato político o la indiferencia permisiva necesaria para que el amiguismo prospere. El costo disperso de estos favores (a cargo de todos los contribuyentes) nunca genera la acción colectiva suficiente para detener el beneficio concentrado que motiva a los grupos de interés a cabildear (Olson, 1965).

4.2.- El Camino hacia Mercados Abiertos

La compleja y destructiva red del capitalismo de amiguetes exige una respuesta que abarque tanto la ingeniería institucional como la transformación cultural. Salir del atolladero de la búsqueda de rentas, que define y sostiene al supuesto Estado amigo de Empresas, no es un esfuerzo que dependa únicamente de la moralidad de los actores, sino de la reconfiguración fundamental de los incentivos dentro del sistema político y económico. El objetivo supremo es reducir la rentabilidad de la influencia política frente a la rentabilidad de la innovación y la eficiencia productiva.

4.2.1.- Reformas Institucionales: La Reducción del Poder Discrecional

El camino más directo y estructural para mitigar el amiguismo reside en la reducción deliberada del poder de intervención discrecional del gobierno en la economía. Como ha demostrado la Teoría de la Elección Pública (Buchanan & Tullock, 1962/1999), la fuente de la enfermedad no es la mera codicia corporativa, sino la capacidad del Estado para crear y distribuir rentas económicas artificiales. Al eliminar los mecanismos que otorgan privilegios —como subsidios directos o indirectos, créditos específicos, exenciones fiscales selectivas o regulaciones diseñadas como barreras de entrada—, se reduce la tasa de retorno esperada de la búsqueda de rentas, lo que desalienta la inversión en cabildeo.

La estrategia de reforma debe centrarse en dos frentes clave, siguiendo el pensamiento de George Stigler (1971): Desregulación y Universalización.

4.2.1.1.- Desregulación Estratégica

En lugar de crear nuevas agencias o regulaciones para "combatir la corrupción" (que a menudo se convierten en nuevos objetivos de captura), la solución es desmantelar aquellas funciones reguladoras que han sido identificadas consistentemente como fuentes de rentas. Esto incluye la eliminación o la simplificación radical de licencias ocupacionales que no están justificadas por un riesgo genuino para la salud pública (Kleiner, 2006; Carpenter et al., 2018). Implica también la derogación de programas de subsidios específicos que distorsionan la asignación de capital, como los créditos fiscales selectivos o las garantías de préstamos a industrias específicas.

4.2.1.2.- Universalización de Políticas

Cuando la intervención gubernamental se considera inevitable, esta debe ser universal, transparente y no discrecional (Rawls, 1971). Por ejemplo, los impuestos corporativos deben ser neutrales y aplicables a todas las empresas por igual, eliminando las exenciones negociadas. Los programas de apoyo económico deben ser administrados por reglas claras y automáticas que no requieran la intervención de funcionarios con poder para elegir ganadores y perdedores. El jurista Lon Fuller (1964) enfatizó que la moralidad interna del derecho exige que las leyes sean generales, claras y estables; la discrecionalidad política del amiguismo es la negación de este ideal. La institucionalización de estas reformas es fundamental para crear un Estado de Derecho genuino, donde la incertidumbre política sea minimizada y la incertidumbre de mercado sea el único factor determinante del éxito (Mises, 1949/1996).

4.2.2.- Cambio Cultural y la Educación del Soberano

Las reformas institucionales, por sí solas, son insuficientes si la cultura política y empresarial no se alinea con el principio de la competencia justa.

El amiguismo se sostiene sobre la ignorancia racional y la apatía selectiva del público (Downs, 1957). Muchos votantes y líderes, como documentan Mitchell, Munger y Villarreal-Diaz (2014) en sus estudios sobre las actitudes hacia el favoritismo, se oponen al favoritismo en principio, pero lo toleran o incluso lo apoyan cuando beneficia a su propia circunscripción o industria. Esto sugiere que un cambio cultural es factible, pero requiere un esfuerzo sostenido de educación cívica y económica.

El esfuerzo debe centrarse en educar a los votantes para que reconozcan la distinción fundamental entre el capitalismo libre y competitivo y el capitalismo manipulado o de amiguetes. El electorado debe comprender que la regulación, a menudo presentada como una defensa del consumidor, es frecuentemente una herramienta de las grandes empresas para aplastar a sus competidores (Kolko, 1963). El público debe entender que los subsidios a las corporaciones no son "creación de empleo," sino una transferencia forzosa de riqueza del contribuyente a los accionistas (Mitchell, 2012). Al elevar el nivel de conciencia pública, el costo político de conceder favores aumentará para los políticos, creando un incentivo inverso que favorece la imparcialidad.

Este cambio cultural también debe penetrar en las salas de juntas. Milton Friedman (1970) argumentó que la responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios dentro de las reglas del juego. La cultura de negocios debe redefinir las "reglas del juego" para excluir explícitamente el uso de medios políticos para la ganancia económica. Si la búsqueda de privilegios se convierte en una acción socialmente deshonrosa (algo que Fukuyama (1995) relacionaría con la erosión de la confianza), el dilema del prisionero se altera, y la conducta rentista se vuelve menos atractiva.

4.2.3.- La Vigilancia Constante: El Papel Vital de la Sociedad Civil y la Academia

A pesar de todas las reformas institucionales, la separación total e impoluta del Estado y la economía es una quimera (Munger & Villarreal-Diaz, 2019). Incluso el Estado más minimalista necesita contratar servicios privados para funciones básicas (infraestructura, defensa, servicios públicos), y la interacción entre el sector público y el privado siempre generará un potencial de amiguismo. Por lo tanto, el problema no es binario (presencia o ausencia de amiguismo), sino gradual (cuánto amiguismo se tolera).

La única defensa duradera contra la inevitabilidad de los intereses especiales es la vigilancia constante. Este esfuerzo debe ser liderado por la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación (Rose-Ackerman, 1999).

• El Rol de la Academia y Think Tanks: Las instituciones académicas y los think tanks tienen la obligación de continuar la investigación empírica sobre la búsqueda de rentas, cuantificando los costos sociales ocultos de los subsidios y las regulaciones (el "triángulo de Tullock" ampliado). Al hacer que el costo del privilegio sea visible y medible, proporcionan la munición intelectual necesaria para el debate político.

• Transparencia Radical: La reforma debe incluir la exigencia de una transparencia radical en la financiación de campañas, los registros de cabildeo y, crucialmente, en el proceso de toma de decisiones regulatorias. Si las reuniones entre reguladores e industrias se hacen públicas y sus justificaciones económicas se someten al escrutinio académico y mediático, el costo de reputación del amiguismo aumenta significativamente.

El economista político Jagdish Bhagwati (1982) argumentó que la actividad directamente improductiva (DUP), de la cual la búsqueda de rentas es una forma, es una amenaza crónica. La solución final no es la perfección, sino la reducción del ámbito de la discrecionalidad y la activación de la ciudadanía como contrapeso. El Estado amigo de Empresas solo puede ser desmantelado si la sociedad, educada en los principios de la competencia y la justicia imparcial, exige que la riqueza se cree a través del mérito productivo y no a través de la manipulación política.

5.- Conclusión

El análisis riguroso y multidisciplinario del capitalismo de amiguetes (crony capitalism) no deja lugar a ambigüedades: se trata de una enfermedad sistémica que corroe la economía de mercado desde sus cimientos más profundos. La noción, ingenua o interesada, de un Estado amigo de Empresas que emplea el favoritismo y el poder discrecional para "estimular la economía" es un engaño desmentido categóricamente por la Teoría de la Elección Pública y una abrumadora evidencia histórica y empírica. Los favores especiales, lejos de ser políticas "pro-negocios" en el sentido de promover la prosperidad general o la eficiencia económica agregada, son, por su propia naturaleza y mecánica, anti-competencia y anti-innovación. La conclusión es terminante: el privilegio es la patología que define la degeneración del sistema, y la competencia abierta es el único antídoto viable.

La condena del amiguismo se sustenta en el marco conceptual de la Teoría de la Elección Pública, originada por James M. Buchanan y Gordon Tullock (1962/1999), y formalizada por la Búsqueda de Rentas (Rent-Seeking) de Anne Krueger (1974). Esta teoría explica que la intervención gubernamental, al crear rentas económicas artificiales, convierte al Estado en un objeto de captura y desvía recursos críticos de la actividad productiva hacia el cabildeo y la influencia política. El economista político Jagdish N. Bhagwati (1982) clasificó formalmente estas actividades como Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) activities, demostrando que el costo social de la búsqueda de rentas es un drenaje masivo de riqueza, superando la tradicional pérdida de eficiencia del monopolio (Tullock, 1967). En lugar de invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) o en la mejora de la eficiencia operativa, el capital se gasta en la gestión de relaciones políticas, ralentizando así el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF), el verdadero motor del progreso económico.

El amiguismo se manifiesta en barreras artificiales tangibles. El aumento exponencial de las licencias ocupacionales a nivel sub-nacional (Kleiner, 2006; Carpenter et al., 2018) es un ejemplo paradigmático de la Captura Reguladora (Stigler, 1971) que estrangula la oportunidad para pequeños empresarios y nuevos competidores. Estas regulaciones no se correlacionan con la seguridad pública, sino que actúan como monopolios virtuales creados para los incumbentes. Esta protección estatal neutraliza la Destrucción Creativa de Joseph A. Schumpeter (1942/2003), manteniendo vivas a empresas ineficientes por su conexión política, a costa de la innovación y la dinámica económica general (Mitchell, 2012).

Más allá de los costos económicos directos, el amiguismo engendra una corrupción institucionalizada que devora el capital social de la nación. El ciclo de favores gubernamentales a cambio de contribuciones de campaña y lobbying crea un sistema donde el éxito empresarial se divorcia del mérito y se ancla en los lazos políticos. Esta dinámica erosiona la legitimidad del gobierno al violar su obligación de imparcialidad (Rawls, 1971), proporcionando evidencia tangible a la tesis de que el sistema responde a una oligarquía de intereses especiales (Acemoglu & Robinson, 2012).

La percepción de que el sistema está amañado descapitaliza socialmente a la nación, socavando el pilar de la confianza (Fukuyama, 1995) necesario para reducir los costos de transacción y fomentar la cooperación económica. La confusión pública entre el capitalismo libre y competitivo y el capitalismo de amiguetes es explotada por críticos del mercado, lo que debilita la voluntad política de defender las instituciones de mercado inclusivas (Mitchell, 2012). Este cinismo resultante alimenta el populismo económico, donde el descontento se canaliza hacia líderes que prometen desmantelar las élites, pero que a menudo simplemente reemplazan un conjunto de rentistas por otro, manteniendo la estructura de poder intacta (Mishkin, 2016).

La responsabilidad por la persistencia de esta enfermedad es compartida, lo que complica la solución, pero clarifica el diagnóstico:

El Gobierno: Como único actor con el monopolio de la coacción legítima (Weber, 1922/1978), la raíz del problema es el poder de intervención discrecional que el Estado ejerce (Holcombe, 2015). El gobierno, al ser el origen de la renta, es el principal culpable por ofrecer el botín.

Las Empresas: Son culpables por buscar activamente privilegios, violando la máxima de Milton Friedman (1970) de competir honestamente "dentro de las reglas del juego". Su comportamiento, a menudo explicado por la racionalidad defensiva y el Dilema del Prisionero (Munger & Villarreal-Diaz, 2019), es una forma de parasitismo sobre el sistema productivo.

Los Votantes: Tienen una responsabilidad pasiva pero crítica, pues la ignorancia racional (Downs, 1957) y el apoyo a intereses especiales locales o sectoriales permiten que el costo difuso del amiguismo no se traduzca en acción colectiva contra el beneficio concentrado.

El camino a seguir requiere un cambio que trascienda la mera retórica moral y se centre en la ingeniería institucional. La única defensa sostenible contra el amiguismo es la reducción estructural y deliberada del poder discrecional del gobierno para otorgar rentas.

La reforma debe orientarse a transformar el Estado de Favor en un Estado de Derecho estricto:

Desmantelamiento de Mecanismos de Renta: Eliminar los subsidios específicos, las exenciones fiscales negociadas y las regulaciones de barrera, haciendo que las reglas de la economía sean generales, transparentes y no discriminatorias (Fuller, 1964).

Revolución Cultural y Vigilancia: La reforma institucional debe ir acompañada de un cambio cultural que rechace el favoritismo como práctica económica legítima. La vigilancia constante por parte de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación es esencial para exponer y desmantelar los privilegios, aumentando el costo de reputación de la conducta rentista (Rose-Ackerman, 1999).

Solo a través de la restauración de reglas del juego imparciales, donde el riesgo de mercado y el mérito productivo sean los únicos árbitros del éxito, podemos esperar que el sistema capitalista cumpla su promesa de innovación, justicia y bienestar para todos, en lugar de ser un simple vehículo para la riqueza de unos pocos que supieron comprar la influencia política.

6.- Bibliografías

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.

Bhagwati, J. N. (1982). Directly Unproductive, Profit-Seeking Activities. Journal of Political Economy, 90(5), 988–1002.

Bowles, S., & Gintis, H. (1998). Recasting Egalitarianism: New Rules for Markets, States, and Communities. Verso.

Buchanan, J. M. (2003). Public choice: The origins and scope of the field and the Frankfurt School critique. Journal of Public Finance and Public Choice, 21(3), 143–155.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1999). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Liberty Fund. (Obra original publicada en 1962).

Carpenter, M., Kuka, K., & Staley, S. (2018). License to Work: A National Study of Occupational Licensing Requirements. Institute for Justice.

Council of Economic Advisers. (2015). Occupational Licensing: A Framework for Policymakers. Executive Office of the President of the United States.

Cowen, T. (2019). Big Business: A Love Letter to an American Anti-Hero. St. Martin's Press. (Nota: Se cita el trabajo de Cowen tal como aparece en el texto original).

Credit Suisse. (2015). The Technology Is Killing American Corporations: Average Lifespan of Companies Under 20 Years. (Nota: Se cita el informe mencionado en el texto original, asumiendo una versión de referencia genérica).

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row.

Folsom, B. W. (2008). The Myth of the Robber Barons: A New Look at the Rise of Big Business in America. Young America's Foundation.

Friedman, M. (1970, 13 de septiembre). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine.

Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.

Fuller, L. L. (1964). The Morality of Law. Yale University Press.

Hayek, F. A. (2011). The Constitution of Liberty. Routledge. (Obra original publicada en 1960).

Holcombe, R. G. (2015). Political Capitalism: How Economic and Political Power Is Made and Maintained. Cato Institute.

Kleiner, M. M. (2006). Licensing Occupations: Ensuring Quality or Restricting Competition?. W.E. Upjohn Institute for Employment Research.

Kolko, G. (1963). The Triumph of Conservatism, A Reinterpretation of American History, 1900-1916. Free Press.

Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American Economic Review, 64(3), 291–303.

Locke, J. (1980). Second Treatise of Government. Hackett Publishing Company. (Obra original publicada en 1689).

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.

Malone, M. P. (1996). James J. Hill: Empire Builder of the Northwest. University of Oklahoma Press. (Nota: Se cita el trabajo a través de la referencia indirecta proporcionada en el texto original).

Mises, L. von. (1996). Human Action: A Treatise on Economics (4th ed.). Fox & Wilkes. (Obra original publicada en 1949).

Mishkin, F. S. (2016). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (11th ed.). Pearson Education.

Mitchell, M. M. (2012). The Pathology of Privilege: The Economic Consequences of Government Favoritism. Mercatus Center.

Mitchell, M. M., & Villarreal-Diaz, M. (2014). A Culture of Favoritism: Corporate Privilege and Beliefs About Markets and Government. Mercatus Center.

Mitchell, M. M., Munger, M. C., & Villarreal-Diaz, M. (2014). The Public Choice of Business Subsidies and Tax Preferences. Mercatus Center.

Munger, M. C., & Villarreal-Diaz, M. (2019). The Road to Crony Capitalism. The Independent Review, 23(3), 335–351.

Nader, R., & Green, M. J. (1973). Economic Regulation vs. Competition: Uncle Sam the Monopoly Man. The Yale Law Journal, 82(5), 871–925.

Niskanen, W. A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Aldine-Atherton.

Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press.

Olson, M. (1982). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. Yale University Press.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press of Harvard University Press.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Belknap Press of Harvard University Press.

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.

Schumpeter, J. A. (2003). Capitalismo, socialismo y democracia (4ta ed.). Ediciones Folio. (Obra original publicada en 1942).

Smith, A. (1981). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Liberty Fund. (Obra original publicada en 1776).

Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.

Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. Western Economic Journal, 5(3), 224–232.

Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press. (Obra original publicada en 1922).

Weidenbaum, M. L. (1995). Business, Government, and the Public (5ta ed.). Prentice Hall.