Escándalo judicial en "causa de los contratos": jueza desafía al Superior Tribunal e ignora a la Corte

23.11.2021

Barbagelata avanza en elevación a juicio de caso que investiga contratos "truchos" en la Legislatura de Entre Ríos durante una década y salpica a la política. Corte pidió expediente completo hace un mes y nunca se lo enviaron. Magistrada inició rebelión contra fallo de Jueces del STJ que ordenaron suspensión de plazos. Esquirlas para el PRO, jury y relaciones comerciales desconocidas.

Hasta ahora, la denominada "causa de los contratos" era una investigación que salpicaba a la política de Entre Ríos. Pero se convirtió en un escándalo que se trasladó al Poder Judicial de esa provincia y amenaza con tener consecuencias institucionales, luego de que una jueza de garantías desoyera la orden de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y desafiara al Superior Tribunal de Justicia entrerriano (STJER). La trama ya no solo involucra un supuesto método irregular para financiar a la política.

Le agrega condimentos de novela e involucra también a un sector importante de la oposición al peronismo que no solo brega por acelerar un juicio que impacte de lleno en el PJ local, sino por ocultar que ellos mismos podrían estar ligados al destino de los fondos que están bajo sospecha, mediante la colocación del producido por el delito en inversiones inmobiliarias. Las próximas horas serán determinantes porque mañana vence el plazo para la contestación de las partes a la remisión a juicio que planteó el Ministerio Público Fiscal de una parte del expediente y la presentación de pruebas.

Sin embargo, todos los plazos están suspendidos por tribunales superiores lo que puede generar nulidades de todo tipo, si se avanza.

El pasado viernes 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia le reiteró su pedido a la jueza de garantías N°1 de Paraná Marina Barbagelata. Insólitamente, tuvo que volver a pedirle que le envíe la copia digital de toda la causa "Beckman, Flavia Marcela; Scialocomo, Esteban; Álvarez, María Victoria s / estafa", tal como lo había hecho el 18 de octubre. Allí, a través de un correo electrónico la Corte le había solicitado "los autos principales", luego de que el procurador general Eduardo Casal había considerado que debían analizarlo en el máximo Tribunal para definir el conflicto positivo de competencia. Barbagelata y el juez federal con competencia electoral en Entre Ríos, Edgardo Alonso habían reclamado intervenir.

La primera porque había puesto proa para iniciar el juicio oral cuanto antes considerándolo de jurisdicción provincial. El juzgado electoral porque entendió que la maniobra de suscripción de los "contratos truchos" en la Legislatura a lo largo de los años tenía incidencia en el destino de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Sería algo similar al tratamiento que se le dio a un tramo de la causa "cuadernos" y al de los aportantes falsificados que impactaron en la campaña legislativa de 2017 de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Todos quedaron bajo la órbita de la justicia electoral.

Reiteración

En esa discusión, la Corte decidió terciar y exigió que los autos "deberán ser enviados de forma digital, y sólo se remitirá el expediente papel en caso que la CSJN así lo requiera". En términos formales, al pedir la Corte el expediente y no "copias certificadas", congelaba cualquier avance hasta que se resuelva la controversia. Barbagelata, el 20 de octubre, sostuvo que obedecería a la Corte y mandó remitir el expediente a través de la Oficina Informática del Superior Tribunal de Justicia.

En paralelo, las defensas de los implicados planteaban la suspensión de todos los actos ante la justicia provincial. Ese tramo llegó a la Sala Penal del STJER, máxima instancia judicial de Entre Ríos. El 4 de noviembre, y por unanimidad, resolvió que el planteo de los defensores era abstracto porque Barbagelata había recibido el oficio de la Corte, lo que implicaba que perdía jurisdicción hasta tanto el máximo Tribunal definiera el conflicto con la justicia electoral. Traducido, no podía dar un paso más porque ya no era la jueza del caso. "Emerge indubitable que la magistrada se ha desprendido de la causa y de hecho se encuentra suspendido el trámite hasta tanto se dirima la radicación de los autos; por consiguiente, el debate propuesto por las recurrentes ha devenido abstracto, desde que, según conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión", sostuvo el máximo tribunal provincial. Firmaron los jueces Daniel Carubia, Claudia Mizawak y el presidente de la Sala, Miguel Ángel Giorgio.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, Barbagelata abrió un nuevo incidente en el que básicamente puso a consideración de las partes si debe o no hacer caso a lo que ordena el Superior Tribunal y suspender los plazos, al que califica como una interpretación equivocada del STJER que "no se condice con lo efectivamente sucedido". Obviamente, las defensas protestaron pero el Ministerio Público Fiscal ni siquiera contestó la vista a este requerimiento y la Fiscalía de Estado -que es además actor civil en el caso- afirmó que lo que resuelve el STJER es "vinculante" por lo que no es de cumplimiento optativo.

Barbagelata, en un mismo movimiento, siendo jueza de garantías y sin que ninguna parte lo solicite, terminó desafiando al Superior Tribunal entrerriano y haciendo caso omiso a lo que exigía la Corte, manteniendo los plazos para que mañana deban presentar pruebas y avanzar para poner fecha a un juicio que todavía no se sabe si corresponde realizar. Barbagelata decidió reanudar los plazos procesales y rechazó los recursos de reposición y apelación que se plantearon el pasado viernes, con un fin de semana largo en el medio, dejaron mínimos márgenes de maniobra para los abogados. La jueza les rechazó la batería de planteos que llovieron y apuntó al martes como día clave. Es más, dijo que aunque la Corte le requiriese el expediente físico, el proceso continuaría de todas formas.

Pandora

La "causa de los contratos" devino en una Caja de Pandora: las revelaciones que surgen de la investigación disparan esquirlas a 360 grados. Inicialmente, toda la investigación recayó en la fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. El eje era la creación de contratos para personal apócrifos en la Legislatura en una presunta maniobra que se llevó a cabo entre 2008 y 2018. Hay 32 imputados en el expediente que, se supone, pega en la línea de flotación del PJ. Pero aquí empiezan las sorpresas: En el transcurso de las primeras actuaciones se dispone el allanamiento del estudio contable OKO, (Opromolla, Krapp y Orlando) que, se sospecha, se encargaba de las cuestiones administrativas, contables y también de inversiones de la organización investigada. Ordenaban el papelerío como "monotributistas" de los supuestos contratados para darle viso de legalidad. La hipótesis era que se extraían los fondos de la Legislatura y con ese producto del ilícito se blanqueaba a través de inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Sebastián Orlando Bertozzi -uno de los socios del estudio- es el marido de la fiscal Goyeneche. Su rol era constituir fideicomisos para la compra de departamentos. La propia fiscal y Pedro Opromolla habían tenido un acuerdo comercial para un condominio de dos unidades, hecho que mantuvo en secreto. Los socios de Bertozzi, llamativamente, no estaban en el lugar físico del estudio el día del allanamiento, lo que impidió que secuestraran sus celulares, de interés para la causa. No se presentaron a trabajar, lo que no descarta un aviso previo. Bertozzi es afiliado al PRO de Entre Ríos, cuyo referente a nivel nacional es el exministro del Interior Rogelio Frigerio. Fuentes ligadas al caso lo señalan como un importante operador de la política a nivel provincial, lo que explica la motivación para avanzar con prisa hacia una eventual estocada hacia el PJ, con esta investigación como llave maestra.

Todo eso le valió a Goyeneche un pedido de apartamiento y un pedido de juicio político que amenaza con prosperar la semana próxima. Barbagelata es muy cercana a la fiscal y pisó el acelerador cuando se empezó a mencionar el jury a la fiscal anticorrupción por haber ocultado la relación comercial, que se extendía -mediante la atención contable- a otros miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial a través del estudio OKO. Fue la oficina que quedó en la mira de la UIF quien recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre su accionar. En una década, el bufete contable jamás había confeccionado uno, algo que llamó la atención a los investigadores. El 7/12/2018, en una audiencia pública, Goyeneche había dicho que no tenía relación comercial alguna con Opromolla.

Luego, debió apartarse de la causa. La jueza que le autorizaba los procedimientos era Barbagelata. No se descarta que si ese pedido de juicio político tiene resolución exista lo que en la jerga se denomina "intercambio de rehenes". Causa por jury.

Todo un escándalo a nivel institucional que trasciende el marco de una investigación penal y en el que se conjugan todo tipo de intereses políticos y, ahora también, judiciales.

Info: Gabriel Morini-ámbito

La violencia relacionada a acusaciones de brujería (SARV por sus siglas en inglés) es común en Papúa Nueva Guinea. A pesar de que no hay datos confiables disponibles para entender con qué frecuencia ocurre, las cifras del gobierno revelan aproximadamente 6.000 incidentes en los últimos 20 años.