Fatca pondrá en el radar de AFIP cerca de u$s5 mil millones por año

El acuerdo que se firmará el 28 de noviembre por intercambio de información fiscal sobre argentinos con activos en los Estados Unidos será el corolario de casi una década de complejas negociaciones que podrán derivar en el incremento de la base imponible para el fisco argentino de cerca de u$s100 mil millones.

Esto será a partir de su entrada en vigencia el 1 de enero de 2023. De este monto que ingresará en el radar -con periodicidad automática en el flujo de información- se proyecta que la recaudación pueda aumentar en hasta u$s5 mil millones por año. Ese cálculo es, en términos racionales, lo que puede provenir de impuestos como Ganancias y Bienes Personales de argentinos residentes que hasta ahora no fueron declarados nunca en el país. Y operará con las limitaciones que genera la ley de procedimiento tributario y por el plazo de prescripción que acota el universo sobre el cual poner la lupa solo en los últimos 5 años. Según está previsto, cada 30 de septiembre esos datos serán compartidos a las autoridades locales para activar las fiscalizaciones.

Una delegación del Internal Revenue Service (IRS) dependiente del Tesoro de los EE.UU. arribará al país a fin de mes para su firma formal, luego de que el ministro de Economía Sergio Massa confirmara, este fin de semana, que estaba todo listo para su oficialización. El 30 de marzo pasado, se había adelantado que se debía poner foco en cerrar los aspectos pendientes del acuerdo en el marco de la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, por sus siglas).

Argentina había avanzado en un acuerdo intergubernamental suscripto el 23 de diciembre de 2016 que entró en vigor casi un año después. Desde entonces, las negociaciones fueron fluctuantes pero tomaron impulso en los últimos meses. Tanto así que para comienzos de septiembre el borrador técnico había sido consensuado por los equipos que lo trabajaron en ambos países y habían obtenido la venia de Cancillería argentina y de la Secretaría de Estado. Por un lado, expertos del Tesoro norteamericano bajo la supervisión del secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kaplan alistaban los términos y alcances que tendría el acuerdo; por el lado argentino, el impulso estuvo en manos del titular de la AFIP Carlos Castagnetto con su equipo y del titular de Aduanas, Guillermo Michel que, a su vez, había protagonizado las negociaciones por la adhesión a la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, que se perfeccionó con los protocolos de implementación, en 2014. La entrada en vigencia de ese acuerdo con la OCDE fue fundamental para el éxito del blanqueo durante el macrismo porque su entrada en vigor en 2017 sobre el período fiscal anterior se apoyó en la apertura de esta información de forma automática.

La firma del tramo final de FATCA terminó de destrabarse en un asado el 25 de octubre pasado, con el que Massa anfitrionó en Tigre a una comitiva bipartidaria de legisladores estadounidenses encabezados por el senador demócrata Bob Menendez. Su ascendencia más allá del Congreso con los resortes de administración Biden fue determinante y permitió que hubiera una luz verde que se plasmó en intercambios de correos posteriores. El planteo que se hizo en esa cena fue bastante simple: si se le requería a Argentina un esfuerzo fiscal de magnitud resultaba un obstáculo insalvable que hubiese resistencia al intercambio automático de información con Estados Unidos donde existe la base imponible no declarada más alta de todo el mundo para los argentinos. Surtió efecto. El terreno se había preparado con otras gestualidades que incluyeron al embajador Marc Stanley como asiduo visitante de despachos oficiales incluido el de Cristina de Kirchner. En Economía no ahorraban en ironía. "Si en 2011 empezó OCDE y en 2022 se firma FACTA parece que el peronismo no tiene problemas con la transparencia fiscal internacional", disparaban con dardos venenosos a las gestiones de Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y el propio Mauricio Macri que no lograron avances definitivos en la materia.

Este acuerdo tiene otra característica: es intergubernamental a nivel federal, lo que vuelve obligatorio la declaración de activos e incluyen a los denominados paraísos fiscales como pueden ser Delaware, Florida, Nebraska o Montana. Y también se enlistarán beneficiarios finales de los "trusts" o de compañías con responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) que son una forma de enmascarar a los verdaderos titulares. Esta herramienta permitirá a la AFIP contar, anualmente, el 30/9 de cada año, con información recabada por Estados Unidos sobre las cuentas abiertas en instituciones financieras estadounidenses cuyos titulares sean residentes de Argentina. Se remitirá información con la identificación del titular de la cuenta, monto bruto de intereses, dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por residentes argentinos en cuentas estadounidenses. A eso se agrega el compromiso de Argentina para enviar anualmente información sobre las cuentas abiertas en instituciones financieras argentinas y cuyos titulares sean personas de los Estados Unidos, bajo las mismas características. Hoy, ese procedimiento se realiza pero es unidireccional. Estados Unidos solo accede a pedidos puntuales y caso por caso. Actualmente son 38 los que se investigan bajo esta modalidad por parte de la AFIP. El cambio de paradigma es sustantivo.

Después de la firma, AFIP deberá trabajar en la plena operatividad, lo que incluye la modificación de la Resolución General 4056/2017 para adaptarla. Los canales de intercambio utilizarán un sistema de similares características técnicas al que ya se utiliza desde 2015 en AFIP para el Estándar Común de Reporte (CRS) multilateral para OCDE. Técnicamente, la nueva herramienta quedará enmarcada en el Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria suscripto entre Argentina y EE.UU. (TIEA) que preveía el intercambio de información con fines fiscales bajo la modalidad de pedido, espontáneo y automático. Este último también estará regido por la confidencialidad y medidas de protección al secreto fiscal que regula el TIEA.

Info: Gabriel Morini