La Corte pide una ley que sanciona a los jueces por filtrar escuchas

Es un proyecto tiene dictamen en el Senado, el Gobierno lo dejó caer y el máximo tribunal pidió tratarlo pronto. Pero el Congreso está cerrado.

La Corte Suprema no está dispuesta a quedar manchada por la filtración de escuchas judiciales y en la acordada firmada hace un mes solicitó el pronto tratamiento de un proyecto de ley que protege esos archivos.

Reclama puntualmente una iniciativa de Rodolfo Urtubey, senador del PJ y de buena relación con la familia judicial, que tuvo dictamen, formó parte de un temario de sesión en abril de 2018 pero fue descartada por Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos.

El oficialismo nunca más pidió debatirla y la Corte le reclamó al Senado incluirla en la próxima sesión, sino quiere quedar como cómplice de la difusión de conversaciones ajenas a la prensa.

La acordada también les pide a los jueces restringir la intercepciones telefónicas para sus investigaciones, motivo de una queja del titular de la AFI Gustavo Arribas ante la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

La disputa no parece tener un pronto final, porque los supremos no están dispuestos a quedar expuestos como responsables de la difusión de conversaciones, pese a que desde 2016 tiene a cargo las pinchaduras de teléfonos a través de la Dirección de Escuchas (DaJuDeCo).

La ley que pide la Corte sanciona a los jueces que se apoderen de las escuchas y permitan sus filtraciones y quien se encargue de distribuirlas. Se iba a tratar en el recinto, pero Cambiemos la bajó y no volvió a pedirla.

Aun así, son los jueces los que las solicitan y reciben el material. Por eso, el proyecto de Urtubey que la Corte reclama establece una cadena de custodia de esos archivos y prevé sanciones para los magistrados que no los cuiden.

Los artículos 14 y 15 del proyecto son categóricos. Uno prevé prisión de entre 6 meses y 2 años a quien no cumpla con guardar en secreto las escuchas; y el siguiente hasta 4 años a quien ofrezca o divulgue la documentación, además de la inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.

La ley, además, empodera a la bicameral de control de inteligencia al otorgarle el control del cumplimiento de la custodia de las escuchas y recibir toda la información recolectada por la DaJudeCo.

Por ahora el Congreso no quiere intervenir en una disputa entre la Corte y la ex Side que parece capaz de escalar y complicar la campaña electoral. La bicameral de fiscalización, a cargo del senador radical Juan Carlos Marino, no tiene previsto reunirse en las próximas semanas y el recinto de la Cámara alta no se abrirá hasta nuevo aviso.