La empresa finlandesa UPM instalará otra papelera en Uruguay
Se ubicará en el departamento de Durazno, en el centro del país.
La empresa finlandesa UPM, propietaria de una planta de celulosa sobre la margen del río Uruguay que hace 14 años originó un serio conflicto entre Uruguay y la Argentina, instalará una segunda papelera en el departamento de Durazno, en el centro del país, confirmó el presidente Tabaré Vázquez.
"Puedo decir con seguridad que todos los puntos que nos propusimos trabajar para llegar a un acuerdo final, todos, absolutamente todos, están acordados entre el gobierno nacional y UPM", dijo Vázquez a medios locales, citó ayer el matutino montevideano El País.
"Gobierno y directivos de UPM lograron un acuerdo y resta definición de accionistas de la empresa para concretar nueva planta de celulosa", anunció por su parte el portal web oficial del gobierno uruguayo.
El diario puntualiza, no obstante, que para que el emplazamiento de la nueva planta habrá que superar reclamos presentado por la central sindical Pit-CNT, que pidió la elaboración de un plan de prevención de conflictos.
"Ese punto es uno de los que más complicó las negociaciones, confió una fuente sindical", añade el matutino.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, UPM y la central de trabajadores ya tienen acordado un protocolo de prevención de conflictos. Ese texto será una guía estricta que empleados y empleadores deberán seguir si se desata un diferendo laboral.
Se trata de un "cronograma" específico de cómo actuar paso a paso si se desata un conflicto sindical en la segunda planta de UPM. La intención es evitar que se alcance la medida de ocupar el lugar de trabajo.
La Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un conflicto debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones de Fray Bentos y Gualeguaychú.
En el curso del conflicto se dejó sin efecto la construcción de una de las dos plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueco-finlandesa Stora Enso.
La otra planta, proyectada por la empresa finlandesa Metsa-Botnia (luego transferida a la empresa UPM-Kymmene) fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007.
Pobladores argentinos de la ciudad de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y el puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países.