Lenor en todos lados: el negocio redondo que Caputo y Sturzenegger prefieren no explicar

La reforma mantuvo obligatorios los controles metrológicos, pero retiró progresivamente al INTI de la prestación directa. Así nació un mercado cautivo: estaciones de servicio, empresas y titulares de equipos deben seguir verificándolos, pero ahora tienen que contratar alguno de los pocos laboratorios privados acreditados y reconocidos por el Estado.

Lenor llegó a ese mercado con una ventaja difícil de ignorar. El 13 de diciembre de 2024 recibió cinco reconocimientos administrativos para intervenir en áreas diferentes: surtidores de combustible, balanzas, cinemómetros, termómetros clínicos y medidas de capacidad. Después amplió su participación en verificaciones, aprobación de modelos y otras instancias del sistema.

No es solamente el control de los surtidores. Es una posición transversal sobre instrumentos utilizados en estaciones de servicio, controles viales, comercios, actividades industriales y distintos puntos de la cadena logística. A eso se suman sus servicios de certificación, ensayos, inspección y su expansión en minería.

El mecanismo no necesitó una licitación tradicional porque el Gobierno no contrató formalmente a una sola empresa: modificó las reglas, retiró al prestador estatal y habilitó administrativamente a los privados. Pero el resultado económico es evidente. La obligación permanece, desaparece el competidor público y la demanda queda servida para un grupo reducido de empresas que pueden cobrar por cada control, traslado, reparación, nueva inspección, calibración o aprobación de modelo.

Lenor no es la única habilitada. También aparecen Weisz, Shitsuke y otros prestadores según cada actividad. Pero ninguna de esas menciones elimina la pregunta central: ¿cuántas empresas poseen un alcance comparable al que obtuvo Lenor, desde qué fecha y qué porcentaje efectivo del mercado controla cada una?

Hay otro dato sensible. Lenor figura como socia del Organismo Argentino de Acreditación, la OAA, igual que Weisz y Shitsuke. Eso no significa que maneje el organismo ni que participe de la decisión sobre su propia acreditación. Pero obliga a conocer los procedimientos de recusación e imparcialidad aplicados. La presidencia de la OAA, además, es designada por la Subsecretaría de Política Industrial del Ministerio de Economía.

Sólo la verificación periódica de aproximadamente 45.000 bocas de expendio representaría un mercado potencial de entre $3.400 millones y $4.500 millones anuales, utilizando valores de entre $75.000 y $100.000 por unidad.

No es la facturación comprobada de Lenor y depende de confirmar cantidad, frecuencia y precios. Pero tampoco incluye reparadores, viáticos, verificaciones primitivas, aprobación de modelos, balanzas, cinemómetros, termómetros, medidas de capacidad ni otros servicios abiertos a los privados.

El negocio completo puede ser considerablemente mayor.

Info: Beto Valdez- Periodismo de investigación