Odebrecht y Iecsa frenan el acuerdo para que Brasil entregue pruebas de sobornos

24.12.2018

Los abogados de la constructora brasileña y de la ex empresa del primo de Macri pidieron al juez Martínez De Giorgi que no lo apruebe. La llegada de la evidencia se dilató para 2019. 

Se cumplieron dos años desde que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas en la Argentina por al menos US$ 35 millones, entre 2007 y 2014. Sin embargo, la Justicia argentina y las autoridades brasileñas aún no pueden cerrar un acuerdo para la entrega de las pruebas.

En las últimas semanas, la primera posibilidad real para obtener la evidencia en la investigación sobre el presunto pago de sobornos por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento volvió a trabarse luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, junto con los abogados de la misma Odebrecht se opusieran al acuerdo en los tribunales federales.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi espera que la Cancillería se pronuncie sobre su postura y luego deberá decidir si aprueba el acuerdo. Todo indica que esta posibilidad no verá la luz antes de 2019, confirmaron fuentes judiciales. El fiscal del caso del soterramiento, Franco Picardi, explicó en un escrito que se llegó a un pre-acuerdo con las autoridades de Brasil que permite recibir la información y pruebas aportadas por los arrepentidos de Odebrecht.

En el soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa, y sus ejecutivos apuntaron en Brasil a la ex empresa de Calcaterra como la responsable de los pagos ilegales por la obra.

Luego de meses de negociaciones con Brasil, se acordó que la Justicia deberá garantizar que las pruebas e información obtenidas por los acuerdos de delación premiada no serán utilizadas penalmente en contra de los arrepentidos brasileños o contra la firma Odebrecht. Estos ya fueron juzgados por esos hechos en Brasil.

Las evidencias sólo podrán ser usadas en el expediente para el cual sean enviadas, es decir, que no podrán ser compartidas entre los distintos fiscales que investigan a Odebrecht. La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil tiene lógica para los hombres de Iecsa: lo que se conoce hasta el momento sobre la prueba que podrían aportar los brasileños en el caso de soterramiento no incluye los nombres de ex funcionarios pero compromete casi exclusivamente a Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y por elevación a Calcaterra, entonces dueño de la compañía.

Odebrecht también se opuso a que la Justicia argentina cierre este acuerdo con Brasil. Consultada por diario capitalino  PERFIL, Odebrecht afirmó que la constructora "ratifica su interés en colaborar pero, para eso, es necesario que las condiciones y garantías de los acuerdos celebrados en Brasil sean reflejadas y respetados en Argentina, tanto en relación a las personas como también a la empresa y que los compromisos sean asumidos por las autoridades competentes". Antes del acuerdo, Brasil exigía que las pruebas no pudieran ser utilizadas contra los colaboradores y contra Odebrecht en lo penal sino también en el ámbito civil y administrativo. Esto es lo que ahora la empresa brasileña no obtendría de concretarse el acuerdo.