Ramos Padilla tomó una decisión en torno a Marcelo D’Alessio
A través de una resolución judicial dada a conocer ayer, el juez federal Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento que pesa sobre Marcelo D'Alessio. En esta ocasión, lo acusa formalmente por el presunto delito de lavado de dinero. De esta manera, la situación del falso abogado se complica todavía más.

El magistrado de la localidad de Dolores justificó su decisión en base a diversas conversaciones registradas en el teléfono personal de D'Alessio en las que se habla de supuestas transferencias bancarias por un valor superior a los 100 millones de euros con destino a distintas entidades financieras localizadas en Europa y África.
"Dichas maniobras surgen de los intercambios de WhatsApp hallados en el teléfono celular Iphone X secuestrado a Marcelo D'Alessio, donde se determinó la existencia de un grupo llamado "Buenos Aires", creado el día 20 de marzo de 2018, donde se planificaban diversas operaciones bancarias internacionales por cifras multimillonarias", precisa la resolución.
Asimismo, Ramos Padilla amplió el procesamiento por el mismo delito de lavado de dinero al empresario Pablo Bloise y al excomisario Oscar Bogoliuk. Mientras que al primero le corresponderá la prisión preventiva, en el caso del segundo ya se encuentra privado de su libertad por la acusación que pesa sobre él al igual que a D'Alessio.
Quien también se encuentra vinculado en este caso es el empresario Marcelo González Carthy de Gorriti. El mismo fue declarado en rebeldía la semana anterior luego de no presentarse a las sucesivas citaciones para prestar declaración indagatoria. La sospecha que recae sobre esta presunta asociación ilícita es que se trata de fondos de procedencia ilegal.
Para el juez federal, la investigación llevada a cabo cuenta con documentación que permitiría, en principio, comprobar "la existencia de una asociación ilícita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales".
El problema surge a partir de que Ramos Padilla sostiene que dichos traspasos monetarios se realizaban "a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado", según sostuvo en el fallo.