Juicio a la Corte: citan a los jueces que investigan el escándalo de los chats

El Frente de Todos aprobó este jueves la ampliación de los pedidos de prueba del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que incluyó citaciones al fiscal general de la Ciudad Ignacio Mahiques, a funcionarios del máximo tribunal y a los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.

Estos dos últimos serán los primeros en comparecer sobre su intervención en las causas que evalúan si es posible incorporar como prueba de investigación supuestos chats entre el vocero de la Corte Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. El Frente de Todos lo considera una muestra de cercanía de Horacio Rosatti con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que habría influido en el fallo que subió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

La mayoría oficialista que domina la comisión de juicio político, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, ratificó además el entrecruzamiento de llamados de estos funcionarios como medida de prueba. Deberá gestionarlo la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia ante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), administrada por la Corte Suprema.

El Frente de Todos respaldó además los planteos de la Coalición Cívica contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y las citaciones del ex titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla, quien renunció enfrentado al ex ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano; y de Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema cuando era presidida por el santafesino. Cimadevilla es amigo de Elisa Carrió y Marchi su peor enemigo: hasta le hizo una demanda civil.

Curiosamente, quien propuso citarlos en la comisión fue el kirchnerista Rodolfo Tailhade. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, dobló la apuesta y anunció que el lunes denunciará en la justicia supuestas presiones de Lorenzetti al Congreso, a partir de notas periodísticas que dieron cuenta de diálogos del juez con gobernadores y legisladores del Frente de Todos.

"Voy a incorporar las entrevistas que hizo Lorenzetti antes que esta Cámara rechazara subirles Ganancias a los jueces, en las que dijo que había hablado con diputados hasta altas horas de la noche", anticipó Tailhade, en un juego de complicidades con la Coalición Cívica que incomodó al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. De hecho, Oliveto celebró que el kirchnerismo haya ignorado presiones del ex presidente de la Corte y pidiera su juicio político junto al del resto de los supremos.

La comisión citó al juez Ramos que consideró ilegítima como prueba de un ilícito la filtración de un chat. Y a su colega de La Plata Ramos Padilla, que ante un planteo de Kicillof sostuvo que sí se deben tener en cuenta.

La hoja de ruta que resolvió la mayoría oficialista empieza el jueves próximo con las citaciones de Ramos y Ramos Padilla, para resolver si puede tomarse como prueba de mal desempeño de los cortesanos supuestos chats entre D'Alessandro y Robles, que piden investigar en el oficialismo.

Ramos, mientras subrogaba a la jueza María Eugenia Capuchetti, sostuvo que esas conversaciones no pueden ser tenidas en cuenta porque surgieron de un espionaje ilegal y archivó la causa.

Pero su colega de La Plata Ramos Padilla, ante un pedido del gobernador Axel Kicillof, sostuvo que sí deben investigarse, pero le giró la causa por considerar que la competencia originaria es Comodoro Py. Tuvo en cuenta procesos por el mismo tema que están abiertas en La Rioja y Santiago del Estero.

La semana que viene también serán citados funcionarios de la Corte Suprema que intervinieron en los fallos cuestionados por el Frente de Todos, como el de coparticipación, el que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña y el que reformó la composición del consejo de la Magistratura.

También comparecerán Sergio Miguel Napoli, de la secretaría judicial 4 contencioso; Sebastián Garay, de la secretaría de juicios originarios; Gustavo José Naveira de Casanova, secretaria judicial 7 Tributario, aduanero y bancario; Marcelo Julio Navarro, de la secretaría 6 Laboral; y Damián Ignacio Font, secretario judicial 1 Civil y Comercial.

El reglamento de la Comisión contempla la posibilidad de mandarlos a buscar por la fuerza si no quieren asistir. Gaillard lo leyó antes de terminar la reunión y Tailhade recordó algunos antecedentes de allanamientos del congreso en los 80 y los 90.

El oficialismo enumeró 60 hechos como causales de juicio político a los miembros de la Corte, que se suman a los 29 de la Coalición contra Lorenzetti. Algunos coinciden, como el manejo presupuestario, de la obra social y de las escuchas judiciales, que en 2015 fueron transferidas desde el Ministerio Público al máximo tribunal.

Los testigos serán indagados por todos los hechos en que tengan incumbencia y sumarán información a cada legajo. Por caso, Cimadevilla fue senador de la UCR y miembro del Consejo de la Magistratura, por lo que podría hablar sobre ese organismo.

La reunión comenzó con un reclamo de Juntos por el Cambio para no citar a Robles y D'Alessandro, incluidos por el Frente de Todos entre los testigos en la resolución votada hace una semana, pero que no tenían previsto convocar para las próximas reuniones.

"No pueden ser citados porque hay causas penales en curso que están investigando si los chats son delito o no. Si vienen, lo único que van a hacer sentarse y decir: me niego a declarar", sostuvo Pablo Tonelli, del PRO, para quien estas demandas violan el artículo 18 de la Constitución, que protege las comunicaciones.

Reclamó además dejar afuera como prueba las conversaciones telefónicas, incluidas en el pedido del oficialismo. "¿Vamos a pedir todas las conversaciones de Tribunales? Esto sólo puede ser con intervención de un juez", exigió Tonelli.

El jefe del oficialismo Germán Martínez recordó que esas medidas de prueba ya habían sido aprobadas hace 7 días. "No somos fiscales de nadie. Estamos en una etapa probatoria de un potencial juicio. Pero tampoco somos abogados defensores".

Tailhade explicó que necesitaban saber por qué Stornelli tomó como prueba válida los cuadernos del ex chofer presidencial Oscar Centeno y no así los que se filtraron del funcionario de la Corte y el ministro porteño. Y propuso recabar más adelanto los datos de la fiesta de Mahíques, pero citarlo a él para dentro de unas semanas. No habló de Robles y D'Alessandro. "No sé por qué aparecen ustedes como defensores antes de tiempo", se indignó.

El diputado aclaró que el entrecruzamiento de llamadas no incluye el contenido de las comunicaciones, sino el dato de los llamados. "Por ahí nos encontramos un llamado con Larreta, que tiene un caso en la Corte", ironizó. Su par Leopoldo Moreau explicó que la Dirección de Escuchas de la Corte tiene un acuerdo con la bicameral de fiscalización de inteligencia que él preside y en tal caso puede librar los oficios. "Pero esa comisión actúa en forma reservada", aclaró Graciela Ocaña, cercana a Larreta.

Tailhade sumó entre los posibles citados al senador José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exiliado en Uruguay. Los acusa de haber acorado fallos con Carlos Rosenkratz le fallo del 2x1 que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña. Eran los asesores judiciales de Macri.

"Si les parece podemos pedir a Interpol para tener un zoom con Pepín", chicaneó antes de cerrar la reunión, en la que se tuvo votar cada ampliación de testigos. Hubo diputados radicales y del PRO que no quisieron levantar las manos por las propuestas de la Coalición Cívica.

Info: Mauricio Cantando